Los bienes de la nación en la Constitución de México no son propiedad del presidente ni de la presidenta en turno.

No forman parte del capital político del gobierno ni pueden ser tratados como botín, herencia o premio ideológico. La pregunta, aunque incómoda para el poder, es estrictamente constitucional: ¿en qué artículo se establece que la Presidencia puede regalar bienes que no le pertenecen?

La respuesta es clara: en ninguno.

La Constitución fue diseñada precisamente para evitar que una sola persona concentre el control del patrimonio nacional. El Ejecutivo administra, ejecuta y gobierna, pero no es dueño. Esa distinción es la base de cualquier república funcional.

Los bienes de la nación —recursos naturales, activos estratégicos, infraestructura pública, patrimonio histórico— pertenecen al pueblo mexicano en su conjunto, no al gobierno en turno. Por eso su uso, transferencia o destino está sujeto a reglas, procedimientos y, en muchos casos, a la autorización expresa del Congreso.

Aquí aparece una confusión peligrosa: equiparar el respaldo electoral con un permiso absoluto. Ni el 51 por ciento, ni el 70 por ciento, ni siquiera el “uno por ciento” simbólico justifican actos fuera del marco constitucional. La legalidad no se mide en votos, se mide en límites al poder.

La Constitución mexicana establece con claridad que el Ejecutivo no puede disponer libremente de los bienes nacionales. Su función es administrarlos conforme a la ley, no donarlos según criterios políticos, afinidades ideológicas o discursos morales coyunturales.

Cuando desde la Presidencia se habla de “regalar” bienes de la nación, se incurre en una distorsión del lenguaje constitucional. La justicia social no se construye violando la ley, sino diseñando políticas públicas, presupuestos aprobados y programas con sustento legal y rendición de cuentas.

El problema no es solo jurídico, sino institucional. Si hoy se normaliza que el poder regale lo que no es suyo “porque es para el pueblo hermano”, mañana se podrá regalar lo que sí afecta derechos, recursos o soberanía bajo el mismo argumento.

La historia mexicana ya conoce ese camino. Por eso la Constitución no confía en voluntades individuales, sino en reglas. No deposita el patrimonio nacional en personas, sino en instituciones. No gobierna con emociones, gobierna con límites.

Defender los bienes de la nación en la Constitución mexicana no es conservadurismo ni oposición política. Es defensa del Estado de derecho. Es recordar que el poder no es propiedad privada y que la Presidencia no es una notaría personal del país.

La pregunta sigue en pie, y nadie ha podido responderla con un artículo constitucional en la mano. Eso, por sí solo, debería encender todas las alarmas.

Porque cuando el poder actúa como dueño de lo que solo administra, la república deja de ser república y se convierte en voluntad.

Y eso, en democracia, nunca es menor.

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