Uruguay ha hecho historia este martes al aprobar una novedosa ley para regular la producción, distribución y venta de marihuana, una medida única en el mundo, no exenta de polémica. La aprobación del texto en el Senado convierte a este país de 3,3 millones de habitantes en el primero en legislar en este sentido en un momento en el que se plantean nuevos métodos para combatir el narcotráfico en América Latina.

El proyecto de ley, que fue aprobado el 31 de julio en la Cámara de Representantes con un ajustado resultado, pasó su último trámite en el Senado con 16 votos a favor – todos los senadores del gubernamental Frente Amplio – y 13 en contra. Tras un debate de 13 horas, el resultado fue recibido con aplausos en la tribuna y gritos de “Uruguay, Uruguay” por los activistas que esperaban fuera para escuchar el resultado.

La ley permitirá a los mayores de 18 años el cultivo doméstico de hasta seis plantas de cannabis, con un máximo de 480 gramos de producción anual. Además, se permite el cultivo en clubes de membresía con entre 15 y 45 socios (con un máximo de 99 plantas) y la venta en farmacias autorizadas de un máximo de 40 gramos al mes para cada comprador, que tendrá que anotarse previamente en un registro obligatorio.

La regulación del cannabis en Uruguay se suma a una serie de leyes liberales que ha aprobado el país en el último año como la despenalización del aborto y el matrimonio homosexual.

El gubernamental Frente Amplio defendió en la Cámara Alta que el objetivo de la ley es “minimizar los riesgos y reducir los daños del uso del cannabis”. La sustancia representa el 80% del total de las drogas en Uruguay, donde las autoridades estiman que hay unos 120.000 usuarios de cannabis, aunque las asociaciones aseguran que la cifra alcanza los 200.000.

En una sesión que fue seguida por decenas de periodistas de todo el mundo, el senador frenteamplista Roberto Conde defendió la medida alegando que “los problemas que genera el narcotráfico en Uruguay no pueden esperar a los consensos de los organismos multilaterales” y la “ineficiencia” de los enfoques de “criminalización y el castigo” ha llevado al Gobierno de José Mujica a explorar otras vías con esta droga, que hoy es legal.

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