El “Aguachicol” y la nueva sequía de derechos
El debate sobre el agua en México ya no es solo ambiental, sino político, económico y social.
El llamado “Plan Hídrico Nacional” impulsado por el gobierno federal busca —al menos en el discurso— erradicar el mercado negro del agua, endurecer sanciones y garantizar su acceso como derecho humano. Pero entre las líneas de la iniciativa que llegó a la Cámara de Diputados se esconde un riesgo mayor: la centralización total del control del agua en manos del Estado.
El proyecto elimina el régimen de transmisiones de derechos entre particulares y obliga a los concesionarios a ceder sus volúmenes de agua en caso de sequías extremas, sobreexplotación o emergencias.
En otras palabras, cuando más falta haga el recurso, será el gobierno quien decida a quién se le corta y a quién se le da.
Esa medida, aunque parece lógica en contextos de crisis, también abre la puerta a una nueva forma de discrecionalidad. Si en el pasado existió el “huachicol” de combustible, esta reforma podría dar paso al “aguachicol institucional”, donde el flujo del agua se decida no por criterios técnicos o sociales, sino por alineaciones políticas.
Es cierto: México necesita reglas claras para frenar la sobreexplotación y el acaparamiento, sobre todo en regiones donde los grandes consorcios agrícolas y mineros han secado los mantos freáticos. Pero también es cierto que el control absoluto del recurso por parte del Estado puede ahogar la autonomía de comunidades rurales, ejidos y sistemas comunitarios que durante años han sabido gestionarlo sin corrupción ni burocracia.
El documento, de 176 páginas, propone además un fondo de reserva nacional para reasignar volúmenes y fomentar el reúso del agua. Sin embargo, deja pendiente el cómo garantizar que estos recursos no terminen siendo otra caja chica de discrecionalidad gubernamental.
El agua no puede ser mercancía, pero tampoco instrumento de poder.
Y en México, donde las sequías se agravan y la confianza en las instituciones se evapora, cualquier intento de monopolizar el control de un bien vital merece un escrutinio riguroso.
En nombre de combatir el “mercado negro”, el gobierno podría estar creando el monopolio azul.
Y ahí sí, no habrá pozo que alcance.
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Temas: Agua, concesiones, control estatal, México, sanciones, sequia
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