La paradoja mexicana se resume en una sola línea: prometemos erradicar la pobreza… normalizando la informalidad.
Es el gran oxímoron institucional que el gobierno actual —como los anteriores— ha usado como anestesia moral para no hacer lo que en verdad toca: reformar, ordenar, fiscalizar y garantizar derechos DE TODOS Y PARA TODOS. (En mayúsculas y plural que también las incluye a ellas)

Más del 55% de la población ocupada en México vive en la informalidad. Eso significa más de 30 millones de personas sin seguridad social, sin pensión futura, sin derechos laborales, sin acceso a crédito, sin estabilidad jurídica y, por supuesto, sin voz política.

Porque mientras tú haces fila en el SAT, pagas IVA, ISR, facturas electrónicas, opinas desde tu registro fiscal y te conectas con tu CURP validado al sistema, hay millones —más de 30 millones— que llevan décadas vendiendo, comerciando, lucrando, sin dejar huella… y tampoco dejaran la biométrica.

El gobierno lo sabe. Y no solo lo tolera: lo fomenta.

Y mientras tanto, con total cinismo, México levanta la mano en la ONU y aplaude la Agenda 2030, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible que en papel suenan maravillosos, pero que en el México real chocan contra la realidad brutal de un sistema que ha encontrado en la informalidad su zona de confort electoral y presupuestal.

Porque seamos claros:
La informalidad no es un problema técnico, es una decisión política. Es funcional para gobiernos que prefieren regalar dinero a cambio de votos, antes que construir instituciones que respalden derechos. Es más barato dar un apoyo asistencial que otorgar un empleo digno con prestaciones. Es más sencillo mantener al ciudadano como “beneficiario” que como sujeto de derechos.

Y así se perpetúa el sistema:
– Informalidad que perpetúa la pobreza.
– Pobreza que justifica el clientelismo.
– Clientelismo que garantiza control.
– Control que ahoga cualquier transformación verdadera.

El artículo de Octavio De La Torre de Stéffano desnuda, con elegancia y datos, esta farsa colectiva: México no puede cumplir los ODS si no erradica primero la informalidad – que ahora es mayoría y con empresarios huachicoleros- como modelo de país. Mientras los programas sociales reemplazan el empleo, mientras la corrupción permite que lo informal sea rentable, y mientras se siga “adoptando un formal al mercado informal” —porque cierran sus negocios pero sigue su operación— no habrá desarrollo ni sostenibilidad posibles.

¿Dónde quedó el Estado garante?
¿Dónde el acceso a la justicia laboral?
¿Dónde la certeza para millones de trabajadores informales invisibles que sostienen al país sin seguridad ni derechos?

México es campeón mundial… en simulación.

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