Revocación de mandato: cuando el árbitro electoral prefiere no pitar
El Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ha cumplido… a medias. En sesión extraordinaria celebrada este 7 de julio, el Consejo General dio respuesta —más bien, una evasiva jurídicamente elegante— a la solicitud hecha por el PRI sobre la necesidad de contar con lineamientos para un eventual proceso de revocación de mandato en el estado. Esto, en acatamiento a una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC).
Boletín: IEEBC DA CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DEL TJEBC
● Se brinda respuesta a solicitud realizada por la representación del PRI.
MEXICALI, B. C. 7 DE JULIO DE 2025. – En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), dio respuesta a la solicitud realizada por el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los asuntos generales de la 5ª sesión ordinaria del Consejo General.
La resolución judicial fue clara: atiende la solicitud. Pero el IEEBC optó por patear el balón, argumentando que no está en condiciones de pronunciarse aún. Que hace falta un “estudio jurídico detallado e informado”. Que la materia es compleja. Que hay una omisión legislativa. Que mejor lo revisen en comisiones.
Y aunque todo esto puede sonar razonable, lo cierto es que se está dilatando una discusión que toca directamente el corazón de la participación ciudadana: la posibilidad real de que el pueblo ponga o quite a sus gobernantes. Lo que debería ser una prioridad democrática se reduce a un trámite más, a una espera institucional de 30 días hábiles solo para decidir si se puede o no avanzar.
El fondo del problema es claro: la revocación de mandato incomoda al poder establecido, y a veces, también a las instituciones que deberían estar al servicio de los ciudadanos. El árbitro electoral parece más preocupado por no entrar en contradicción con la omisión del Congreso local que por dotar de herramientas legales a la ciudadanía.
No se trata de si el PRI tiene razón o no. Se trata de que el derecho de las y los bajacalifornianos a evaluar, criticar e incluso remover a sus representantes debe ser protegido y normado, y no pospuesto indefinidamente bajo el argumento de «falta de claridad jurídica».
¿Y si nadie actúa? La consecuencia es predecible: más desconfianza, más apatía, y una democracia que funciona solo en papel, pero no en la práctica.
El IEEBC aún está a tiempo de cambiar el rumbo. Tiene ahora un plazo definido para que su Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos actúe. Que lo haga con visión democrática, no con cálculo político. Porque cumplir una sentencia no es solo seguir un trámite: es una oportunidad para defender el poder de la ciudadanía sobre sus gobernantes. Y esa oportunidad, no se debe desperdiciar.
Temas: democracia, IEEBC, omisión legislativa, participación, PRI, Revocación
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