El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho de la agenda energética un eje central de su proyecto político. El paquete de reformas aprobado por el Congreso entre marzo y abril cambia las reglas del juego del sistema eléctrico y en el sector de los hidrocarburos con el fin de devolver el control del mercado a dos empresas del Estado, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la petrolera Pemex. Las dos iniciativas, sin embargo, quedaron atascadas en los tribunales por los recursos interpuestos por unas compañías privadas perjudicadas. El plan, que de facto no ha entrado en vigor, se encuentra en un limbo, pero ya ha tenido repercusiones al sembrar incertidumbre sobre el futuro y desincentivar la inversión.

El estancamiento llevó esta semana al mandatario a fijar prioridades: lo más importante es la nueva ley eléctrica, incluso por encima del petróleo. López Obrador está a punto de llegar al ecuador de su mandato y quiere dejar una huella en el sistema productivo mexicano. Las razones que le mueven tienen poco que ver con la economía o la eficiencia y son eminentemente políticas. Él mismo lo ha reconocido. Lo que subyace a este proyecto es la misma consigna que vertebra todo su programa, “primero los pobres”, que en este caso significa abaratar la factura de la luz. Para hacerlo y desatascar la reforma necesita, no obstante, modificar la Constitución. Y aquí es donde su agenda se complica.

Los resultados de las elecciones legislativas del 6 de mayo pusieron límites a Morena, la formación que sostiene al Gobierno, en el Congreso. El partido, un movimiento que se autoproclama como progresista y que en la práctica abraza postulados conservadores y nacionalistas, cuenta con una holgada mayoría, aunque sus números quedan lejos de los dos tercios de la Cámara de Diputados que se requieren para aprobar revisiones del texto constitucional. El presidente anunció que buscará pactar incluso con su archienemigo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para llevar a cabo un polémico plan que preocupa a los analistas por su impacto económico y ambiental.

“No es para que desaparezcan, lo aclaro, estas empresas particulares. No, van a continuar. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la CFE y el 46% a particulares”, ha asegurado López Obrador. Una cuota más que suficiente para enterrar el modelo existente y dar paso a una renacionalización parcial. El nuevo sistema, si se llega a implantar, impedirá que las plantas más eficientes y limpias, esto es, las centrales de energías renovables de compañías privadas, tengan la prioridad para subir electricidad a la red. La preferencia será de la CFE, cuyas instalaciones son más obsoletas. A eso se añade la repercusión económica. La Secretaría de Economía del Gobierno cifra las inversiones privadas en el sector en 17.675 millones de dólares “por concepto de generación, transmisión y distribución” desde la aprobación de la última reforma, hace ocho años, bajo el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto.

El consultor David Shields señala que “el objetivo es un tanto vengativo”. “O sea, López Obrador quiere fastidiar a las empresas privadas que tienen contratos comprometidos de años atrás para la generación eléctrica”, apunta este experto en energía con décadas de experiencia en el mercado mexicano. “Él siente que la CFE está perdiendo el monopolio y quiere pasar a la historia como los presidentes que marcaron el camino de las nacionalizaciones”. El discurso del actual mandatario está lleno, en efecto, de referencias a Lázaro Cárdenas, que hace casi un siglo expropió la industria petrolera, y Adolfo López Mateos, que décadas después nacionalizó el sector eléctrico.

En esta línea, la defensa de la reforma eléctrica coincide también con una retórica de reivindicación de la soberanía nacional. El presidente lo dejó claro esta semana. “Era nuestro país como una tierra de conquista y eso afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Tan abusaron que una empresa española, Iberdrola, se atrevió a ofendernos a los mexicanos contratando como empleado al expresidente [Felipe] Calderón”. Iberdrola, probablemente el blanco favorito del mandatario, ya anunció a finales del año pasado su intención de dirigirse a otros mercados y desechar nuevas inversiones ante la hostilidad de la actual Administración.

La reforma, rechazada por Cámaras de Comercio europeas y americanas, afecta a países como España, Italia, Francia, Alemania, Portugal y Países Bajos. Pero, por encima de todo, perjudica los intereses de Estados Unidos, principal socio de México. El Gobierno de Joe Biden ya manifestó su inquietud por esta política energética en una reunión mantenida hace un mes entre representantes comerciales. Su aplicación incumpliría, además, el acuerdo entre ambos países y Canadá, el T-MEC.

Fuente: @elpais.com

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