La crisis de elementos para expropiar el Club Campestre de Tijuana es un galimatías. Jurídicamente no existen elementos para su expropiación. El documento que llamamos “declaración de utilidad pública” no es la expropiación en sí.

Dice el señor gobernador Jaime Bonilla Valdez que el Club Campestre es para que se emborrachen los ricos de Tijuana. Nada más equivocado.

La causa de utilidad pública para expropiar es una figura jurídica que es en bien del estado. En Baja California la locura se ha apoderado de la clase política.

La expropiación del campestre constitucionalmente está viciada. El control constitucional servirá para proteger a todos los propietarios del Club campestre, pues se manipularon las partidas registrales del Campestre. Cualquier persona puede modificar (gobierno desde luego) y el gobierno del estado está desconociendo el derecho de poseedores de los dueños del Campestre.

En Tijuana hay 200 parques que necesitan 308 millones de pesos para su mantenimiento porque están hechos añicos. Pero gobierno del estado prefiere no pagar y confisca (confiscatoriedad) los terrenos alegando una causa de utilidad pública.

El caso no está perdido. Los jueces de amparo tienen protegido al Campestre y protegen la modificación ante Registro Público.

Una cosa es la Declaratoria de utilidad pública pero no es la expropiación en sí. El problema es quien va mantener el campestre si se expropia.
Si gobierno del estado no le da mantenimiento a los 200 parques de Tijuana con un presupuesto de 308 millones de pesos, no podrían mantener el campestre.

El gobierno del estado esta encaprichado con quedarse con el campestre, pero legalmente existen elementos para defender el campestre.
Se están violando derechos (el de propiedad, sobre todo) de los propietarios del campestre, y esto genera temor de los inversionistas.

No podemos esperar nada de un estado que arrebata ilegalmente la propiedad privada por un simple capricho del gobernador de Baja California.

La defensa del Club campestre está bien cimentada, y por ello hay elementos para defender a los propietarios.

No hay elementos para expropiar y además el gobernador vive en el error de creer que con el documento que “dicta” la expropiación es la expropiación en si, aunque no lo sea. Pronto más noticias.

«La ciencia en la calle», por ALFONSO TORRES CHAVEZ

-Maestro en derecho con especialidad en Amparo y derecho constitucional por la IBERO Tijuana
-Maestro en ciencias penales por INPOCIPE Tijuana.
-Abogado litigante y candidato a doctor en derecho penal por INPOCIPE Tijuana.
-Académico de IBERO TIJUANA
-Académico de INPOCIPE TIJUANA

alfonsotorr@gmail.com
Tijuana B.C.

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