El caos interinstitucional favorece la extorsión
El caos interinstitucional favorece la extorsión: Hay una señal de alarma que comerciantes, restauranteros, constructores, empresarios y ciudadanos de Ensenada deberían atender con mucha seriedad.
No solamente por lo ocurrido este viernes, cuando la Policía Municipal detuvo a un hombre que, según el reporte oficial, presuntamente se habría presentado como empleado municipal para ofrecer un supuesto trámite relacionado con la venta de bebidas alcohólicas.
El detenido, identificado como Rolando “N”, deberá ser considerado inocente mientras una autoridad judicial no determine lo contrario.
Pero independientemente de cómo termine ese caso, el episodio exhibe un problema mucho más grande:
el ciudadano ya no sabe quién lo inspecciona, quién lo verifica, quién tiene facultades, qué documento es auténtico ni ante qué ventanilla debe resolver cada cosa.
Y en esa confusión florecen los abusos.
Hoy puede tocar la puerta un inspector municipal.
Mañana un verificador de Comercio y Alcoholes.
Después alguien de Desarrollo Urbano.
Protección Civil.
Bomberos.
Medio Ambiente.
COFEPRIS.
Autoridades fiscales.
Dependencias estatales.
Dependencias federales.
Organismos operadores.
Y cada uno llega con atribuciones diferentes, formatos distintos, identificaciones diferentes, plazos, requerimientos, sellos, folios y procedimientos que el ciudadano común difícilmente tiene obligación de conocer de memoria.
Tenemos una maraña regulatoria que, en lugar de brindar certeza, muchas veces produce incertidumbre.
Y donde hay incertidumbre aparece la oportunidad para el vivales.
El supuesto modus operandi denunciado este viernes es precisamente el que debería preocuparnos: una persona se presenta como funcionario, ofrece resolver un trámite, muestra un documento con apariencia oficial y solicita dinero.
El comerciante duda.
Pero también piensa:
“¿Y si sí es?”
“¿Y si me clausuran?”
“¿Y si pierdo el permiso?”
“¿Y si tengo que pagar una multa mayor?”
Ese miedo administrativo es terreno fértil para la extorsión, la corrupción y la usurpación de funciones.
Y aquí está el fondo del problema.
El Estado no puede exigirle al ciudadano que distinga entre veinte tipos de inspectores cuando el propio Estado funciona como veinte oficinas que muchas veces ni siquiera parecen comunicarse entre sí.
Necesitamos orden.
Necesitamos coordinación.
Necesitamos una forma sencilla y pública de verificar, en segundos, si quien llega a un negocio realmente es servidor público.
Todo inspector, verificador o notificador debería presentarse con identificación plenamente verificable, orden escrita cuando corresponda, número de folio y dependencia responsable.
Y el ciudadano debería poder ingresar ese folio en un sitio oficial —o escanear un código— y confirmar inmediatamente:
Nombre del funcionario.
Fotografía.
Dependencia.
Motivo de la visita.
Número de expediente.
Fecha.
Horario.
Facultades.
Y teléfono oficial donde verificarlo.
Eso se llama certeza jurídica.
Porque no basta con detener al supuesto impostor después de que alguien ya pagó.
Hay que construir un sistema que haga difícil que alguien pueda hacerse pasar por autoridad.
También hay que decirle algo muy claramente a comerciantes y ciudadanos:
No entregue dinero directamente a quien llegue diciendo que puede “arreglar” un permiso, una licencia, una multa o un trámite.
No importa qué tan convincente parezca.
No importa qué logotipo lleve el documento.
No importa cuántos nombres de funcionarios conozca.
Verifique primero.
Llame directamente a la dependencia correspondiente.
Pida identificación.
Pida número de oficio.
Pida folio.
Y cualquier pago debe realizarse exclusivamente mediante los mecanismos oficiales establecidos y con el comprobante correspondiente.
Si algo huele mal, probablemente merece ser revisado antes de entregar un solo peso.
La actuación de la Policía Municipal en este caso merece reconocerse: el comerciante dudó, pidió ayuda, los agentes acudieron y verificaron directamente con la Dirección de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos que la persona señalada no pertenecía a esa dependencia, de acuerdo con el comunicado oficial.
Así debería funcionar.
Pero no podemos depender exclusivamente de que cada ciudadano tenga la fortuna de desconfiar a tiempo.
Porque éste no es solamente un problema de un posible falso inspector.
Es el síntoma de algo que llevamos años normalizando:
el caos interinstitucional.
Gobiernos municipales, estatales y federales fiscalizando muchas veces al mismo ciudadano desde distintas trincheras, sin una ventanilla clara, sin identificación homologada y sin una plataforma sencilla que permita verificar quién tiene realmente autoridad para hacer qué.
En ese laberinto administrativo conviven el servidor público honesto, el burócrata abusivo, el gestor, el intermediario y, eventualmente, el impostor.
Y para quien está del otro lado del mostrador todos pueden parecer iguales.
Eso tiene que cambiar.
Cada autoridad debe identificar perfectamente a su personal.
Cada orden debe poder verificarse.
Cada inspección debe dejar trazabilidad.
Cada pago debe quedar documentado.
Cada dependencia debe explicar claramente cuáles son sus facultades.
Y el ciudadano tiene que recuperar algo tan elemental como esto:
saber con certeza quién está tocando a su puerta y en nombre de quién.
Porque cuando el Estado se vuelve incomprensible, los impostores encuentran espacio para convertirse en Estado.
Y cuando cualquiera puede ponerse una camisa, cargar una carpeta y decir “vengo del Ayuntamiento”…
ya no estamos solamente frente a un posible fraude.
Estamos frente a una advertencia.
Una advertencia sobre lo peligroso que resulta vivir entre el exceso de burocracia, la descoordinación institucional y la falta de certeza.
El caos interinstitucional y la anarquía como nunca.
Y mientras ponemos orden, ciudadanos, comerciantes y empresarios:
verifiquen antes de pagar.
Pregunten antes de firmar.
Y desconfíen de cualquiera que les prometa que un trámite oficial puede arreglarse por debajo de la mesa.
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