Confiar en Sheinbaum, cuando dice que no dijo lo que si dijo
Confiar en Sheinbaum, cuando dice que no dijo lo que si dijo… En la era digital, los políticos pueden cambiar de opinión, de partido, de discurso y hasta de principios.
Lo que ya no pueden cambiar tan fácilmente es el archivo.
Hay video. Hay audio. Hay documentos. Hay fechas. Y siempre aparece alguien dispuesto a presionar el botón de reproducir.
Durante su campaña presidencial de dos mil veinticuatro, Claudia Sheinbaum presentó el documento “100 pasos para la Transformación”. En el punto número ochenta y siete quedó escrito, sin ambigüedades:
“No se va a permitir la explotación de hidrocarburos a partir del fracking”.
No fue una interpretación de la oposición, una frase inventada por algún comentarista ni una información sacada de contexto. Fue uno de sus compromisos públicos de campaña y también lo pronunció frente a simpatizantes.
Sin embargo, este seis de agosto, al preguntarle si las conclusiones del comité de especialistas cumplían aquella promesa, la presidenta respondió:
“Nunca lo dije en campaña como tal”.
Sí lo dijo.
Lo dijo como tal, casi palabra por palabra, y además lo dejó por escrito.
Por eso aquí no estamos frente a una confusión semántica, una imprecisión involuntaria o una diferencia de interpretación. Estamos frente a una afirmación que contradice directamente un registro público verificable.
Dicho sin rodeos: cuando la presidenta asegura que nunca dijo algo que está documentado en video, audio y texto, está faltando a la verdad.
Sheinbaum tiene derecho a cambiar de opinión.
Las circunstancias energéticas pueden modificarse. México depende en gran medida del gas importado de Estados Unidos y el gobierno puede argumentar que necesita evaluar nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía energética. También puede sostener que existen procedimientos de fractura hidráulica menos dañinos o que únicamente se utilizaría agua salada bajo controles estrictos. Esa nueva posición podrá ser discutida, cuestionada o incluso respaldada.
Lo que no tiene derecho a hacer es borrar su propia promesa.
Una presidenta responsable pudo haber dicho:
“Sí, lo prometí durante la campaña, pero la situación cambió”.
O:
“Reconozco que estoy reconsiderando aquella postura por razones de seguridad energética”.
Incluso pudo explicar:
“Me equivoqué y ahora tengo nueva información científica”.
Eso habría abierto un debate legítimo.
Pero decir “nunca lo dije” no es una explicación. Es intentar sustituir el pasado por una versión conveniente para el presente.
Y el asunto se vuelve todavía más serio porque el propio gobierno de Claudia Sheinbaum defiende una nueva regulación de los derechos de las audiencias bajo el argumento de que las personas deben recibir información veraz y que los medios no deben difundir contenidos falsos o descontextualizados.
Muy bien.
Entonces comencemos por Palacio Nacional.
Porque el derecho de las audiencias no puede utilizarse solamente para exigirles veracidad a los periodistas, concesionarios, conductores y medios de comunicación. El mismo principio debe aplicarse al gobierno que produce diariamente una extensa transmisión con recursos públicos y la distribuye mediante canales oficiales y medios del Estado.
No sería jurídicamente responsable afirmar, sin una resolución de la autoridad competente, que la frase de Sheinbaum constituye por sí sola una infracción formal a la legislación de radiodifusión. Pero políticamente sí vulnera el principio esencial que su propio gobierno pretende defender: el derecho ciudadano a recibir información verificable, contextualizada y honesta.
La verdad no puede ser obligatoria para los medios y opcional para la presidenta.
Tampoco puede existir un defensor de las audiencias para corregir a un conductor de radio, mientras en la mañanera basta con negar el archivo y pasar a la siguiente pregunta.
Si una televisora dijera algo falso, el gobierno exigiría rectificación.
Si un periodista negara una declaración que aparece grabada, lo acusarían de manipulación.
Si un medio borrara una promesa escrita, probablemente lo presentarían como ejemplo de desinformación.
Entonces, ¿qué procede cuando quien lo hace es la titular del Poder Ejecutivo?
Lo mínimo sería reconocer el error y ejercer el derecho de réplica frente a la misma audiencia, en el mismo espacio y con la misma claridad:
“Sí lo dije. Hoy pienso diferente y estas son mis razones”.
Eso no debilitaría a la presidenta.
La haría más creíble.
El problema de fondo ni siquiera es solamente el fracking. Es la costumbre de algunos gobernantes de tratar la memoria pública como si pudiera editarse desde Palacio Nacional.
Prometen una cosa en campaña, hacen otra desde el gobierno y, cuando aparece la contradicción, no explican el cambio: niegan la promesa.
Y así, la discusión deja de ser sobre energía, agua, medio ambiente y soberanía para convertirse en una pregunta mucho más sencilla:
¿Podemos confiar en la palabra presidencial cuando el archivo dice exactamente lo contrario?
México merece discutir seriamente si debe utilizar la fractura hidráulica, bajo qué condiciones, en qué regiones, con qué tipo de agua, cuáles serían sus riesgos ambientales y quién vigilaría a Pemex y a las empresas participantes.
Pero ese debate debe comenzar con la verdad.
Claudia Sheinbaum puede cambiar su política energética.
Puede revisar el compromiso número ochenta y siete.
Puede asumir el costo político de abandonar una promesa electoral.
Lo único que no puede hacer es decir que nunca la formuló.
Porque sí la formuló.
Está escrita.
Está grabada.
Se escucha claramente.
Y cuando alguien dice que no dijo lo que todos podemos verlo y escucharlo decir, no estamos frente a una opinión distinta.
Estamos frente a una mentira documentada.
Temas: Claudia Sheinbaum, derechos de las audiencias, Fraking, La Mañanera, Miente
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