La pluralidad que resiste, reforma electoral sin mayoría calificada
La pluralidad que resiste, reforma electoral sin mayoría calificada. Del rechazo constitucional al atajo legal.
La reforma electoral constitucional fue rechazada. Hasta ahí, la noticia podía leerse como un alivio institucional. Una buena señal. La confirmación de que, al menos por ahora, no todo puede cambiarse por mera voluntad del poder. Pero el respiro duró poco.
Ricardo Monreal ya anunció el siguiente movimiento: el llamado “Plan B”, es decir, modificar la legislación secundaria, donde el oficialismo sí cuenta con los votos suficientes para imponer su mayoría.
Y ahí es donde la discusión deja de ser solamente política y se vuelve, de fondo, institucional.
Porque en un Estado constitucional, las leyes secundarias no pueden rebasar los límites establecidos por la Constitución. No deberían servir para hacer, por la puerta de atrás, lo que no se pudo lograr por la puerta principal. Si una reforma constitucional fracasa, el mensaje tendría que ser claro: no hubo consenso suficiente para alterar las reglas fundamentales del sistema. Lo contrario equivale a burlar el espíritu mismo del orden constitucional.
Sin embargo, todo indica que esa es precisamente la lógica del nuevo intento: aprobar en leyes ordinarias lo que no alcanzó los votos para elevarse a rango constitucional, y después confiar en que una Suprema Corte de Justicia de la Nación alineada con Morena valide el cambio.
El cálculo político parece simple: si no se pudo doblar a la Constitución en el Congreso, entonces se intenta rodearla con legislación secundaria y blindarla después con aval judicial. No sería ya una discusión técnica sobre ajustes legales. Sería una operación política mucho más grave: destruir en los hechos los límites que la Constitución impone, con la firma complaciente del poder judicial.
Y si ese escenario se confirma, entonces el llamado “Plan B” no será una simple ruta alterna. Será un mecanismo de erosión institucional.
Porque una cosa es perder una votación constitucional y otra muy distinta es negarse a aceptar el límite que esa derrota representa.
La Constitución no está para adornar discursos ni para citarse en ceremonias. Está para poner frenos. Para impedir que una mayoría circunstancial convierta su fuerza parlamentaria en permiso ilimitado. Y cuando esos frenos estorban al poder, comienza la tentación autoritaria de vaciarlos de contenido sin necesidad de derogarlos formalmente.
Eso sería justamente lo más delicado de esta maniobra: mantener intacta la apariencia del orden constitucional mientras se le despoja de eficacia real. La Constitución seguiría ahí, en el papel. Pero las decisiones clave ya no estarían subordinadas a su espíritu, sino a la conveniencia política del grupo gobernante.
Por eso el problema no se agota en Monreal ni en una iniciativa de leyes secundarias. El problema es más profundo. Tiene que ver con la arquitectura de poder que el oficialismo ha venido construyendo: capturar la mayoría legislativa, colonizar el árbitro judicial y después utilizar ambas piezas para convertir en legal lo que antes era inconstitucional.
Visto así, se entiende mejor por qué querían la reforma judicial.
No era solamente por discurso, ni por propaganda contra jueces y ministros, ni por la narrativa de la “democratización” de la justicia. Era por algo mucho más práctico: necesitaban un poder judicial menos dispuesto a contener al gobierno y más dispuesto a convalidarlo.
Porque cuando el Congreso no alcanza para modificar la Constitución, lo siguiente es buscar jueces que acepten que una ley secundaria haga el trabajo sucio.
Ese es el verdadero riesgo del momento.
No se trata sólo de una disputa legislativa ni de una jugada parlamentaria más. Se trata de saber si en México seguirán existiendo límites efectivos al poder, o si esos límites podrán ser demolidos por partes, con mayoría simple en el Congreso y obediencia política en la Corte.
Ahí está la gravedad del asunto.
La reforma constitucional fue rechazada, sí. Pero si el oficialismo podrá imponer por ley secundaria lo que no pudo imponer por la Constitución, entonces aquella derrota habrá sido apenas un cambio de ruta.
Y en ese caso, la amenaza no habría desaparecido.
Solo se habría vuelto más cínica.
Temas: mayoría calificada, mayoría simple, reforma electoral, reforma rechazada
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