La digitalización de trámites gubernamentales en Baja California: una obligación para 2026
La digitalización de trámites gubernamentales en Baja California dejó de ser una aspiración tecnológica para convertirse en una exigencia legal, económica y social. Así lo planteó con claridad Ragnar Gutiérrez Abarca, presidente de la delegación de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), al hacer un llamado directo a los gobiernos estatal, municipales y a las dependencias del sector público para que 2026 sea el año decisivo de la transformación digital administrativa.
El mensaje no es menor ni retórico. La digitalización ya no es una opción sujeta a la voluntad política del funcionario en turno. Es una obligación constitucional, establecida en el artículo 25 de la Constitución General de la República, derivada de una iniciativa presidencial que busca modernizar el aparato público, reducir la burocracia y fortalecer la competitividad del país.
A ello se suma la expedición, por parte del Congreso General de la República, de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, que reglamenta dicho artículo constitucional y establece un marco claro para la simplificación administrativa y la digitalización de trámites y servicios en los tres órdenes de gobierno. En otras palabras, el camino ya está trazado; ahora corresponde recorrerlo.
Desde la perspectiva industrial, la urgencia es evidente. Cada trámite presencial, cada expediente físico, cada ventanilla innecesaria representa tiempo perdido, costos adicionales y oportunidades desperdiciadas. Para las empresas —en especial para las pequeñas y medianas— la burocracia sigue siendo uno de los principales obstáculos para crecer, invertir y formalizarse.
Por eso, cuando Canacintra pide que 2026 sea el año de la digitalización, no está solicitando un privilegio, sino el cumplimiento de la ley y el sentido común. En un entorno global donde la competitividad se mide en velocidad, eficiencia y transparencia, mantener procesos analógicos equivale a condenar a la economía local al rezago.
Gutiérrez Abarca subrayó que el objetivo no es solo digitalizar por digitalizar, sino impulsar buenas prácticas regulatorias, desarrollar y fortalecer las capacidades tecnológicas del sector público y generar una cultura administrativa moderna, accesible y orientada al ciudadano. Este punto es clave: la digitalización no debe replicar vicios burocráticos en formato electrónico, sino simplificar, estandarizar y transparentar.
Las disposiciones legales en materia de digitalización son de orden público e interés social, y su observancia es obligatoria en todo el territorio nacional. Esto significa que ningún nivel de gobierno puede escudarse en la falta de recursos, de voluntad o de coordinación para retrasar su implementación. La ley ya no admite pretextos.
En Baja California, una entidad con vocación industrial, exportadora y fronteriza, la digitalización de trámites gubernamentales es aún más estratégica. La competitividad regional depende en gran medida de la capacidad del gobierno para acompañar al sector productivo con procesos ágiles, claros y confiables. De poco sirve promover inversiones si el inversionista se enfrenta a laberintos administrativos del siglo pasado.
Además, la digitalización tiene un impacto directo en la transparencia y el combate a la corrupción. Menos trámites presenciales significan menos discrecionalidad, menos intermediarios y menos espacios para prácticas indebidas. En ese sentido, modernizar la administración pública no solo es una medida económica, sino también ética.
El reto, por supuesto, no es menor. Implica inversión en infraestructura tecnológica, capacitación del personal, interoperabilidad entre dependencias y, sobre todo, un cambio cultural dentro del servicio público. Pero es un reto inevitable. Posponerlo solo incrementa el costo político, económico y social.
La exigencia del sector industrial es clara y legítima: cumplir la Constitución, aplicar la ley y modernizar el Estado. Si 2026 se perfila como el año clave para la digitalización de los trámites gubernamentales, será también una prueba de la capacidad de los gobiernos para escuchar, adaptarse y responder a las demandas de una sociedad cada vez más digital.
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Temas: CANACINTRA, presidente de la delegación, Ragnar Gutiérrez Abarca, transformación digital administrativa.
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