La operación militar de Estados Unidos en Caracas y la captura de de Nicolás Maduro del territorio venezolano no solo sacudió a América Latina. Abrió, de golpe, una grieta profunda dentro del propio sistema político estadounidense y encendió alarmas en la comunidad internacional. Sin Congreso, sin reglas y con el mundo mirando: Trump captura a Maduro. No es un detalle menor: cuando el uso de la fuerza ocurre sin explicaciones claras, el problema deja de ser solo el objetivo y se convierte en el método.

El primer llamado de atención vino desde Washington. Jim Himes, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, fue directo: la administración Trump debe informar de inmediato al Congreso. No se trata de simpatías ideológicas ni de defender a Maduro —a quien Himes califica como un gobernante ilegítimo—, sino de una cuestión central en cualquier democracia: la legalidad del uso de la fuerza.

Himes plantea dos preguntas incómodas que siguen sin respuesta pública. La primera: ¿qué amenaza inmediata justificaba una acción militar sin autorización del Congreso? La segunda, quizá más grave: ¿cuál es el plan para el “día después”? Sin una estrategia clara para evitar el colapso institucional, el riesgo no es solo la caída de un régimen, sino el hundimiento de un país entero en el caos.
El señalamiento es todavía más delicado porque, según el propio Himes, Marco Rubio había negado reiteradamente ante el Congreso que existiera un plan de cambio de régimen forzado en Venezuela. Si eso es cierto, el problema ya no es solo externo, sino interno: ¿se engañó al Poder Legislativo? ¿Se tomó una decisión de guerra en círculos cerrados, sin contrapesos?

Desde la Casa Blanca, la narrativa es otra. El vicepresidente JD Vance aseguró que se ofrecieron “múltiples salidas” antes de recurrir a la fuerza y justificó la operación en nombre del combate al narcotráfico y la recuperación de recursos. Es un discurso conocido: presión máxima, ultimátums y, finalmente, acción militar presentada como inevitable. El problema es que ese argumento no reemplaza ni la ley ni la rendición de cuentas.

Fuera de Estados Unidos, las reacciones fueron aún más duras. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó el ataque como una violación inaceptable de la soberanía venezolana y un precedente extremadamente peligroso para el orden internacional. Lula no habla solo por Brasil: habla por una región que conoce bien las consecuencias de las intervenciones externas disfrazadas de soluciones rápidas. Para América Latina, el mensaje es inquietante: hoy fue Venezuela, mañana puede ser cualquier otro país incómodo para los intereses de una potencia.

Desde Caracas, el canciller Yván Gil insiste en que Maduro sigue siendo el presidente constitucional y exige su restitución inmediata, mientras asegura que las instituciones y las fuerzas armadas permanecen operativas. Más allá de la veracidad de estas afirmaciones, lo cierto es que la disputa por la legitimidad se libra ahora en varios frentes: el militar, el diplomático, el jurídico y el mediático.

La historia agrega un matiz inquietante. No es la primera vez que Estados Unidos actúa así un 3 de enero. La captura de Manuel Noriega en 1990 y el asesinato de Qasem Soleimani en 2020 pesan como antecedentes. En ambos casos, la acción fue presentada como un éxito táctico. En ninguno, el mundo se volvió más estable después.

El fondo del debate no es Maduro. Es el precedente. Cuando una administración decide que puede usar la fuerza sin autorización legislativa, sin consenso internacional y sin un plan claro para la reconstrucción política, el mensaje es devastador: las reglas son opcionales cuando se tiene poder suficiente. Eso erosiona la credibilidad de quienes dicen defender la democracia y alimenta un orden global cada vez más impredecible.

Hoy, más que celebrar capturas o aplaudir operaciones “espectaculares”, la pregunta central sigue en el aire: ¿quién controla al que decide la guerra? Si el Congreso estadounidense no es informado, si la ONU queda relegada y si la región solo puede protestar, entonces el problema no es Venezuela. Es un mundo donde la fuerza vuelve a imponerse sobre la ley.
Y en ese mundo, nadie está realmente a salvo.

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