La desaparición de periodistas: una herida que México no quiere cerrar
La denuncia presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica no es solo un trámite legal; es un grito que busca atravesar el muro de impunidad que envuelve a la prensa mexicana desde hace décadas. Los casos de María Esther Aguilar Cansimbe y José Antonio García Apac, desaparecidos en Michoacán en 2009 y 2006, respectivamente, simbolizan el fracaso del Estado mexicano para garantizar el derecho más básico de quienes ejercen el periodismo: la vida.
Una deuda de verdad y justicia
Lo que hoy se expone en Ginebra no son expedientes polvorientos ni historias olvidadas, sino heridas abiertas. Detrás de cada nombre hay familias que llevan casi dos décadas atrapadas entre la incertidumbre, la indiferencia institucional y la ausencia de justicia. El señalamiento de las organizaciones internacionales es claro: el Estado mexicano no solo falló en prevenir y sancionar estas desapariciones, también perpetuó la impunidad al omitir investigaciones diligentes.
México, tierra hostil para la prensa
No es casualidad que el país aparezca año tras año en los listados de RSF y de la ONU como uno de los más peligrosos del mundo para periodistas. La violencia contra quienes investigan temas de seguridad, derechos humanos o corrupción se ha convertido en un mecanismo de censura brutal, con un patrón que se repite: amenazas, desapariciones, asesinatos y, después, investigaciones mal hechas que terminan en carpetazos.
La cifra estremece: 28 periodistas desaparecidos en las últimas dos décadas, y más de 130,000 personas desaparecidas en México según el Registro Nacional. En este mar de impunidad, la libertad de expresión es una víctima más.
El costo del silencio
La denuncia ante la ONU pone el dedo en la llaga: la desaparición de periodistas no solo priva a sus familias de un ser querido, sino que silencia a comunidades enteras, deja a los pueblos sin voz frente al poder y normaliza la idea de que investigar al crimen organizado o al Estado puede costar la vida. La ausencia de justicia manda un mensaje devastador: cualquiera puede desaparecer y nadie será castigado.
Un compromiso impostergable
La pregunta es: ¿qué hará el Estado mexicano frente a este escrutinio internacional? ¿Seguirá escudándose en discursos de protección a la prensa mientras la violencia y la impunidad avanzan? O, por fin, ¿se comprometerá a garantizar verdad, justicia y reparación para las familias, así como condiciones seguras para ejercer el periodismo?
El tiempo corre en contra: cada día sin justicia es un día en que se repite la historia de dolor. Como dijo Antoine Bernard, de RSF, “la desaparición forzada de periodistas sigue siendo una herida abierta en México”. Una herida que, si no se atiende, terminará por destruir no solo a la prensa, sino la esencia misma de la democracia.
A pesar del peligro, el periodismo independiente y la sociedad civil no se rinden. Organizaciones locales e internacionales continúan documentando y denunciando cada caso, exigiendo justicia y presión a las autoridades para que actúen. A través de la solidaridad y la visibilidad, buscan romper el cerco de silencio que los agresores intentan imponer.
La desaparición de periodistas en México es más que un delito: es un ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Para sanar esta herida, es fundamental que el Estado fortalezca sus instituciones, garantice la seguridad de quienes ejercen el periodismo y, sobre todo, ponga fin a la impunidad que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ser periodista.
¿Qué crees que debería cambiar para que México pueda cerrar esta herida?
Temas: Desaparición, Impunidad, Justicia, México, periodismo, violencia
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