Ensenada merece algo más que ser un simple punto de paso en el mapa logístico del mundo
Ensenada de espaldas al mar…
En Ensenada, el puerto no crece por necesidad. Crece por inercia, por la burocracia de un modelo que ignora el territorio que ocupa. Un modelo que expande sus muros y rompe su litoral sin preguntar, sin rendir cuentas, sin detenerse a mirar lo que está dejando atrás.
Desde finales del siglo diecinueve, este puerto ha sido clave para la región. Hoy, con trece sitios de atraque, seis muelles y casi tres millones y medio de metros cuadrados bajo control de la autoridad portuaria, hablamos de una infraestructura gigantesca. Más grande que cinco aeropuertos, o que ocho campus universitarios juntos. Una costa entera, convertida en régimen industrial, donde la ciudadanía no tiene acceso, ni voz, ni voto.
La expansión no es nueva. Desde hace años se aumentaron patios, se duplicó capacidad y se movieron más de tres millones y medio de toneladas de carga. Y aun así, el discurso oficial insiste: “No es suficiente”.
¿Para quién no es suficiente?
Porque la pregunta no es cuánta carga mueve el puerto, sino cuánta riqueza queda en la ciudad. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? El dinero se va, pero el daño se queda: contaminación, pérdida del litoral, playas cerradas, aire cargado de diésel, marinas privatizadas, mar turbio y aguas negras.
En 2023, la administración portuaria de Ensenada reportó ingresos por casi 484 millones de pesos. Pero de ese monto, apenas el cuatro y medio por ciento fue aportado al Gobierno Federal. El resto queda en manos de operadores privados y de la propia paraestatal, que no tiene contrapesos democráticos ni reinvierte lo suficiente en infraestructura pública o mitigación ambiental.
Se anunció, por ejemplo, una oficina de operaciones en El Sauzal, con un presupuesto de más de 200 millones de pesos. Mientras tanto, comunidades enteras viven sin acceso digno al mar.
Y lo más grave: avanza una nueva ampliación portuaria en El Sauzal sin evaluación ambiental estratégica, sin dictamen de uso de suelo, sin consulta pública. Una obra que no corrige los errores pasados, sino que los repite.
El puerto de El Sauzal fue construido sin estudios marinos adecuados. Desde los años noventa, ha provocado erosión costera, rompientes contaminadas y turbidez crónica. La planta de tratamiento de aguas residuales que opera ahí es obsoleta, incapaz de manejar residuos industriales, y aun así se quiere triplicar su capacidad sin explicar qué se va a tratar, ni cómo, ni con qué impacto.
¿Y los empleos? Según estimaciones, la ampliación del puerto generará solo 400 empleos, muchos de ellos temporales. Eso equivale a menos del 0.1 por ciento de la población de Ensenada. Una promesa mínima, frente a un impacto descomunal.
La ciudad vive de espaldas al mar. Cada metro de litoral está dividido entre zonas militares, terminales logísticas, concesiones privadas y desarrollos turísticos cerrados. No es progreso: es despojo institucionalizado. El desarrollo se vende como dogma, pero no hay transparencia, ni planeación, ni voluntad real de integración urbana.
El caso más alarmante es el del gas natural y el carbón. Energía Costa Azul, un megaproyecto operado por una empresa estadounidense, está a punto de exportar gas licuado a Asia. Usa agua de mar para enfriar el gas a menos ciento sesenta y dos grados centígrados. Cambia la temperatura del océano. Afecta ballenas, peces, todo un ecosistema.
Y ahora, también se planea exportar carbón desde Ensenada. Carbón de Utah, que ya no quieren mover por California porque allá hay resistencia social y normas ambientales más estrictas. Aquí no. Aquí se negocia en silencio, con acuerdos firmados entre autoridades estatales y empresas extranjeras. Porque aquí la resistencia es menos visible. Porque aquí se apuesta por la opacidad.
El puerto se vuelve plataforma para hidrocarburos ilegales, como reveló recientemente un caso nacional que involucró a una empresa con sede operativa en Ensenada. Y mientras tanto, Singapur llega con su propio modelo logístico: costas sin comunidad, eficiencia sin alma, mar sin pueblo.
Nada de esto es accidental. Se trata de una estrategia de expansión sin freno, en nombre del “interés nacional”. Pero ese interés no está definido por la ciudadanía. Está dictado por tratados, por cadenas de suministro globales, por una lógica que convierte a Ensenada en pasillo, en tránsito, en mercancía. No en hogar.
Lo más preocupante es que este modelo avanza sin documentos claros. No hay manifiesto de impacto ambiental. No hay dictamen urbanístico. No hay consulta abierta. Y esa ausencia no es descuido: es táctica. Porque sin documento oficial, no hay acto de autoridad. Y sin acto de autoridad, no hay forma de detener legalmente el avance.
Pero incluso en ese vacío, hay caminos. Existen figuras como el amparo por daño ambiental continuado. Se pueden activar denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se puede exigir la revisión de las concesiones. Porque también se puede impugnar lo que el Estado deja de hacer.
La autoridad científica encargada de elaborar la evaluación ambiental, el CICESE, tiene entre su plantilla al hermano mayor de la presidenta de México. Esto no invalida su trabajo, pero sí exige escrutinio. Porque la ciencia también debe estar libre de conflictos de interés. Y porque el mar no se defiende con silencios ni con alianzas familiares, sino con transparencia y justicia.
Hoy, la Corte Internacional de Justicia debate las obligaciones de los Estados frente al cambio climático. México debe mirar este debate de frente. Ensenada no puede seguir siendo sacrificada mientras se calla en nombre del progreso. Ya es hora de voltear hacia el mar. No para explotarlo, sino para defenderlo.
Porque lo que está en juego no es solo la costa. Es la democracia. Es el derecho a decidir sobre nuestro territorio. Es el derecho de una ciudad a no vivir al margen de su propio mar.
Con información de ElOrganismo.com, que cita como fuentes de consulta a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Marina, SEMARNAT, la Corte Internacional de Justicia, medios nacionales como N+ y Forbes México, así como bases de datos energéticas internacionales y otras publicaciones.
Este cúmulo de información apunta hacia una misma dirección: la expansión portuaria en Ensenada no es el resultado de una planeación racional ni de una necesidad territorial urgente, sino de un modelo de ocupación industrial que opera al margen de la transparencia, la legalidad ambiental y el interés público.
Desde Feeling.Mx lo compartimos y hacemos un llamado a la reflexión: ¿Queremos un litoral secuestrado por intereses ajenos, o una ciudad que recupere su vínculo con el mar?
La defensa del territorio no comienza con los documentos, sino con la conciencia.
Y Ensenada merece algo más que ser un simple punto de paso en el mapa logístico del mundo.
Temas: contaminación, Ensenada, extractivismo, litoral, megaproyectos, Puerto
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