La elección judicial del pasado 1 de junio ya tiene un ganador extraoficial en la carrera por un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Hugo Aguilar Ortiz, abogado mixteco y defensor de los derechos indígenas. Pero lo que debería ser motivo de celebración democrática se ha visto empañado por denuncias que huelen a vieja política con disfraz de participación popular.

Usuarios en redes sociales y medios locales han documentado que el nombre de Hugo Aguilar apareció en “acordeones” repartidos días antes de la elección. Estos materiales, que indicaban de forma sugerida por quién votar, fueron detectados en estados como Michoacán, Ciudad de México y Estado de México, y se habrían distribuido a través de sindicatos e instituciones educativas. ¿Propaganda o manipulación encubierta?

¿Una elección judicial o una elección a modo?
La elección del Poder Judicial fue presentada por el oficialismo como una revolución ciudadana. Pero una participación del 13% y denuncias de acarreo disfrazado en universidades, sindicatos y centros comunitarios revelan que no estamos ante una democracia vibrante, sino ante una simulación maquillada de legitimidad.

El caso de Hugo Aguilar es emblemático. Con más de 3.2 millones de votos, su triunfo en las urnas ya está en la mira no por su trayectoria, sino por las formas cuestionables con las que su nombre fue promovido, según las denuncias.

El riesgo de politizar la Corte
El Poder Judicial debe ser independiente, imparcial y técnico, no una extensión del poder político o de las bases corporativas de partidos. La aparición de estos “acordeones” nos recuerda a las peores prácticas del viejo sistema: clientelismo, manipulación del voto, y estructuras de poder que usan al ciudadano como instrumento, no como sujeto.

Si estas denuncias no se investigan a fondo, estaremos inaugurando un nuevo capítulo de sumisión institucional en lugar de un fortalecimiento de la democracia.

¿Quién fiscaliza esta supuesta revolución democrática?
Hasta el momento, ni el Instituto Nacional Electoral (INE) ni los promotores de la reforma judicial han respondido con claridad. ¿Habrá consecuencias si se comprueba que hubo coacción del voto? ¿O todo quedará en denuncias mediáticas como tantas otras?

El riesgo es enorme: si el primer proceso electoral para elegir jueces y ministros está marcado por sospechas de trampa, ¿qué legitimidad tendrá la Corte que surja de él?

¿Justicia indígena o justicia instrumentalizada?
Hugo Aguilar Ortiz representa una causa justa: la defensa de los pueblos originarios y los derechos colectivos. Pero si su ascenso se construye sobre bases ilegítimas, su historia se verá opacada por la sombra de la manipulación electoral.

Lo que está en juego no es sólo un cargo. Es la confianza en que la justicia en México no será electa por quien reparta más acordeones, sino por quien represente de verdad la voluntad libre del pueblo.

Editorial basado en información publicada por UnoTV el 2 de junio de 2025.

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