La noticia de la detención de cuatro policías en Tijuana por el secuestro de un empresario maderero y su hijo en julio pasado vuelve a cimbrar uno de los pilares más frágiles de nuestra sociedad: la confianza en las instituciones de seguridad. Los implicados, adscritos al área de inteligencia, utilizaban sus cargos para operar del lado opuesto de la ley, demostrando que la línea entre quienes protegen y quienes delinquen se vuelve cada vez más delgada en algunas corporaciones policiacas.

#Tijuana | 4 policías detenidos por el secuestro de empresario y su hijo.

Se giraron cuatro órdenes de aprehensión contra cuatro policías del área de inteligencia, quienes en julio de este año secuestraron a un empresario del ramo maderero y su hijo cuando salían de su casa en… pic.twitter.com/dXkUAHNviK

— Daniel Andrade Noticias (@DanielAndradeTV) December 14, 2024

Es inaceptable que quienes han sido juramentados para proteger a la ciudadanía sean los mismos que vulneran su seguridad. Este tipo de actos no solo despojan a las víctimas de su libertad, sino que secuestran la tranquilidad de una sociedad entera. Cada caso como este ahonda la percepción de que en México no se puede confiar en la policía, lo cual es, en sí mismo, un peligroso caldo de cultivo para el caos y la impunidad.

La colonia Mariano Matamoros, escenario del secuestro, no es un lugar aislado; es uno de los tantos puntos de Tijuana donde la ciudadanía lucha diariamente por una seguridad que cada vez parece más lejana. Este caso es un reflejo brutal de la infiltración del crimen en las instituciones encargadas de combatirlo y, a su vez, un llamado urgente a depurar las corporaciones de seguridad y fortalecer los controles de confianza.

Por ahora, los policías detenidos han sido ingresados a la Penitenciaría de La Mesa, un paso que debe entenderse como apenas el inicio. ¿Cuántos más forman parte de estas redes criminales disfrazadas de autoridad? ¿Cuántas víctimas más no han tenido la misma suerte de ver justicia? La impunidad es el enemigo a vencer, porque sin consecuencias ejemplares, estos delitos seguirán replicándose.

Tijuana, como el resto del país, merece una policía confiable, capaz de devolverle a la ciudadanía el derecho básico de sentirse segura en su propia ciudad. Las autoridades deben actuar con firmeza y transparencia para asegurar que estos crímenes no queden impunes y, sobre todo, para erradicar a quienes, desde el poder, traicionan la confianza de la sociedad.

La policía no puede ser sinónimo de miedo. Este es el momento para que el gobierno de Baja California tome con seriedad la reconstrucción de las instituciones y elimine a los falsos servidores públicos que, con uniforme y placa, representan la peor amenaza: la corrupción disfrazada de autoridad.

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