El Ayuntamiento de Ensenada ha emitido un llamado a la unidad ante la posible eliminación de la exención del Derecho de No Inmigrante (DNI) para visitantes extranjeros que arriban a México mediante cruceros.

Aunque la medida, contemplada en la minuta de la Ley Federal de Derechos 2025, aún no es definitiva, ya genera inquietudes profundas sobre su impacto en la economía local y en el sector turístico nacional. Sin embargo, esta problemática también abre la puerta a cuestionar las políticas públicas y la estrategia de defensa frente a los intereses de las comunidades portuarias.

El turismo de cruceros

Ensenada y otros puertos turísticos de México han construido una economía dependiente del turismo de cruceros. Durante décadas, esta actividad ha sido vital para el comercio, la gastronomía, el transporte y la cultura local. No obstante, la excesiva dependencia de este sector también ha evidenciado una falta de diversificación económica, dejando a estas comunidades en una posición precaria ante cualquier cambio legislativo o político.

La preocupación del Ayuntamiento es válida: la eliminación del DNI incrementaría los costos para los turistas internacionales, lo que podría disuadir su llegada a los puertos mexicanos. Esto, a su vez, impactaría negativamente a miles de familias que dependen del sector. Pero, ¿es suficiente emitir un comunicado y un llamado al Senado de la República para proteger los intereses de los municipios portuarios?

Una defensa limitada
El comunicado enfatiza la necesidad de unidad y estrategias públicas incluyentes. Sin embargo, queda la sensación de que el mensaje es más simbólico que efectivo. Las autoridades locales parecen reaccionar tarde ante una iniciativa legislativa que ya avanzó en la Cámara de Diputados. Este retraso evidencia una falta de anticipación y planeación estratégica por parte del Ayuntamiento y de otros gobiernos locales afectados.

Además, aunque se menciona un llamado a otros puertos turísticos para formar un frente común, no se especifican acciones concretas ni una hoja de ruta que detalle cómo se enfrentará esta posible reforma. El comunicado parece más un intento de deslindarse de responsabilidad política que un esfuerzo serio por defender los intereses de la comunidad.

Más allá de las palabras
La situación actual exige más que comunicados y llamados simbólicos. Es fundamental que el gobierno municipal presente propuestas claras al Senado, impulse negociaciones con el sector empresarial y fomente alianzas con otros municipios portuarios. Además, debe incluir a la sociedad civil y a los expertos en la discusión para construir soluciones integrales.

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