El domingo 18 de junio 2017, el New York Times publicó en su primera plana un amplio reportaje que detonó una bomba informativa en México: un reportaje elaborado con datos de la Red en Defensa de Derechos Digitales (R3D) y del Citizen Lab exhibía operaciones de espionaje realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el poderoso spyware Pegasus para intervenir, de manera ilegal, celulares de una decena de periodistas y defensores de derechos humanos en el país, entre ellos Carmen Aristegui e integrantes de su equipo de investigación.

Menos de tres semanas antes de publicarse el texto, una agencia del gobierno mexicano que tiene las características del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) seleccionó el número de Azam Ahmed, entonces corresponsal del New York Times en México, en la misma plataforma Pegasus desarrollado por la empresa israelí NSO Group.

El número del hombre apareció entre más de 50 mil datos telefónicos seleccionados por agencias gubernamentales clientes de NSO Group que consultó Proceso en el marco del Pegasus Project, una investigación colaborativa que involucra a más de 80 periodistas de 17 medios repartidos en 10 países, coordinada por Forbidden Stories con el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional.

Pero el reportero del New York Times y Carmen Aristegui –quien participó también en Pegasus Project- no fueron los únicos blancos del aparato de espionaje de Peña Nieto: en apenas un año y medio, agencias de su gobierno registraron en sus plataformas Pegasus los celulares de más de 15 mil personas, de las que se pudieron identificar por lo menos 25 periodistas –seis de ellos trabajaban entonces en Proceso y uno, el periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, fue asesinado algunas semanas después-, defensores de derechos humanos, sindicalistas, gobernadores, líderes religiosos, académicos, médicos, militares, personas menores de edad y más de 700 políticos y sus familiares, principalmente de partidos de oposición.

 

Fuente: @proceso.com.mx 

 

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