Elementos de la Guardia Nacional fueron señalados por presuntamente irrumpir y robar en un domicilio
Elementos de la Guardia Nacional fueron señalados por presuntamente irrumpir de manera violenta en un domicilio particular en Tijuana, sin orden judicial, sin justificación legal clara y sin respeto al debido proceso. Para robar.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad —y se vieron en video viral de denuncia, en vivo y hoy, lo documenta ZETA— muestran vehículos oficiales, personal armado y una operación que, lejos de parecer un acto de seguridad pública, se asemeja peligrosamente a un asalto institucionalizado.
Lo publicado esta semana por el semanario ZETA Tijuana no es un incidente menor ni un error administrativo de la corporación. Es una radiografía cruda de un problema que el discurso oficial insiste en negar: la corrupción y la impunidad también se visten de uniforme.
No se trata de una acusación ligera. Según los hechos consignados, los uniformados ingresaron a una vivienda, revisaron habitaciones, sustrajeron pertenencias y se retiraron sin presentar documentación, acta o explicación formal. Lo grave no es solo el presunto robo, sino el uso del poder del Estado para cometerlo.
El uniforme no absuelve
Durante años se nos ha repetido que la Guardia Nacional es distinta. Que es “el nuevo modelo”, que “ya no es como antes”, que “ahora sí hay control”. Sin embargo, los hechos narrados en video y retomados por ZETA contradicen frontalmente ese relato.
Cuando un ciudadano ve a hombres armados con insignias oficiales entrar a su casa, no cuestiona si son buenos o malos funcionarios: obedece por miedo. Esa es la esencia del abuso de poder. Y cuando ese poder se utiliza para intimidar, robar o violentar derechos, el daño no es solo material: es institucional y social.
La pregunta es inevitable:
¿Quién vigila a quienes dicen vigilar?
Silencio, la constante.
Hasta ahora, según lo informado por la autoridad, no hay una explicación pública clara, ni una postura contundente que despeje las dudas. El silencio institucional suele ser el primer síntoma de encubrimiento. No desmentir con hechos, no sancionar de inmediato, no transparentar procedimientos, alimenta la sospecha.
Y no es un caso aislado. En Baja California —y en otras regiones del país— se acumulan señalamientos contra corporaciones policiales, muchas veces minimizados bajo el argumento de que “son casos individuales”. Pero cuando los patrones se repiten, dejan de ser excepciones y se convierten en sistema.
Militarización sin rendición de cuentas.
La Guardia Nacional nació bajo una lógica militar, pero opera en tareas civiles. Esa mezcla es peligrosa cuando no existe control externo efectivo, ni mecanismos ágiles de rendición de cuentas. El resultado es predecible: fuerza sin contrapesos.
Semanario ZETA no acusa a una institución completa; expone hechos verificables, testimonios, imágenes y contextos. Lo que queda en evidencia no es solo la posible conducta delictiva de algunos elementos, sino la fragilidad del Estado de derecho cuando el poder se ejerce sin supervisión real.
El verdadero daño.
Más allá de lo robado —si es que se consigna el delito—, el mayor daño es simbólico. Cada abuso cometido por una corporación policiaca o militar erosiona la confianza ciudadana, alimenta el miedo y normaliza la idea de que nadie está a salvo, ni siquiera en su propia casa.
Cuando quienes deberían proteger se convierten en amenaza, el mensaje es devastador: el ciudadano queda solo.
Lo que debería pasar… y casi nunca pasa
En un país que presume reformas, discursos de legalidad y “transformaciones”, este caso debería derivar en:
– Investigación inmediata e independiente
– Separación del cargo de los elementos involucrados
– Transparencia total del procedimiento
– Sanciones ejemplares si se acreditan responsabilidades
Pero la experiencia dicta otra cosa: carpetas que se empolvan, comunicados tibios y el olvido como política pública.
Periodismo contra el poder.
Si hoy sabemos lo ocurrido, no es por la voluntad del gobierno, sino por el video viral y videos posteriores; ahora este trabajo periodístico de ZETA Tijuana, que vuelve a hacer lo que debería ser normal en una democracia: incomodar al poder.
El periodismo no acusa: documenta.
No sentencia: pregunta.
No persigue: expone.
Y cuando el poder se siente incómodo, suele ser porque algo no está bien.
La Guardia Nacional no llegó para robar. Al menos, no debería. Pero cuando los hechos apuntan a lo contrario, no basta con indignarse. Se necesita justicia, verdad y consecuencias.
Porque si el uniforme deja de ser símbolo de protección y se convierte en herramienta de abuso, el problema ya no es de seguridad pública.
Es de democracia.
¡Indignante! Presuntos agentes de la Guardia Nacional fueron grabados robando en Tijuana
El médico cirujano Carlos Altamirano y su familia vivieron una pesadilla en el fraccionamiento Chapultepec. Sujetos con uniformes tácticos allanaron su hogar mientras un vehículo… pic.twitter.com/9zrJLzH9Ng
— adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 6, 2026
Un comando con uniformes oficiales de la Guardia Nacional irrumpió violentamente en un domicilio. Los sujetos fueron reportados por las víctimas, un par de médicos, y los vecinos que escucharon los gritos de auxilio.
Los detalles, en la edición impresa del Semanario ZETA. pic.twitter.com/bnBcutb543— ZETA Tijuana (@ZETATijuana) February 6, 2026
Temas: Carlos Altamirano, Fraccionamiento Chapultepec, Guardia Nacional, médico cirujano, Tijuana
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