Licencias permanentes Baja California: derechos que se pagan y derechos que te quitan
Licencias permanentes Baja California es la frase que hoy debería indignarnos más que cualquier eslogan. Porque mientras desde el poder se repite que “los derechos que se han ganado no se negocian”, en Baja California estamos viendo lo contrario: un derecho ya pagado y adquirido se pretende volver temporal.
La licencia permanente en Baja California, se ha convertido en un ejemplo claro de cómo un derecho ya pagado y adquirido puede ser modificado por el Estado, contradiciendo el discurso oficial de que los derechos ganados no se negocian ni se regresan.
Licencias permanentes en Baja California y Ciudad de México
“No pueden llegar nuevos gobernantes que regresen al pasado”.
La frase, atribuida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, suena impecable. Tiene forma de principio, de máxima democrática, de promesa histórica. El problema no es la frase. El problema es la realidad. Porque la licencia permanente que pagamos en Baja California en la administración de Jaime Bonilla, la cancelaron en la actual administración de Marina del Pilar. Y si quieren, échenle la bolita al Congreso del Estado y no a los gobernadores; en manos del mismo partido-movimiento.
Porque mientras desde el discurso nacional se habla de derechos consolidados e irreversibles, en Baja California los ciudadanos estamos viviendo exactamente lo contrario: la regresión de derechos ya pagados, ya adquiridos y ya reconocidos por la propia autoridad.
El caso de licencias permanentes Baja California no es un detalle administrativo: es un golpe a la seguridad jurídica.
Durante años, miles de bajacalifornianos tramitamos y pagamos una licencia de manejo permanente. No fue una dádiva del Estado ni un beneficio extraordinario. Fue un acto administrativo oneroso, realizado bajo reglas claras y vigentes. La palabra permanente no era una metáfora: significaba sin caducidad.
Hoy, el Congreso del Estado decidió otra cosa.
Ahora resulta que las licencias “permanentes” solo serán válidas por cinco años, y después el ciudadano deberá volver a pagar por una nueva licencia con vigencia limitada.
Dicho en términos simples:
lo permanente dejó de ser permanente,
pero el cobro sí fue definitivo.
El contraste que exhibe la incoherencia
Mientras en Baja California se recortan derechos ya adquiridos, en la Ciudad de México ocurre exactamente lo contrario. Su Congreso anuncia con orgullo la implementación de licencias permanentes para los conductores capitalinos, como un avance administrativo y un beneficio social.
Mismo país.
Misma Constitución.
Mismo discurso de “transformación”.
Pero dos realidades opuestas.
La pregunta es inevitable:
¿los derechos dependen del código postal?
¿la transformación solo aplica donde conviene políticamente?
¿por qué en unos estados se presumen derechos y en otros se eliminan, aun cuando ya fueron pagados?
No es semántica, es legalidad
Aquí no se trata de una discusión de palabras, ni de tecnicismos administrativos. Se trata de algo mucho más profundo: la seguridad jurídica, un principio consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe expresamente la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna.
Un derecho adquirido mediante pago y bajo una norma vigente no puede ser modificado retroactivamente sin afectar la confianza básica entre el ciudadano y el Estado. Así lo ha sostenido de manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer que los derechos adquiridos forman parte del patrimonio jurídico del gobernado.
Cuando el gobierno cambia las reglas después de cobrar, el mensaje es devastador:
ningún derecho es realmente tuyo,
todos son temporales…
salvo el cobro.
Eso no es transformación.
Eso es regresión administrativa.
El atropello silencioso
Este tipo de decisiones rara vez provocan marchas o bloqueos. No hay consignas ni pancartas. Es un atropello silencioso, burocrático, disfrazado de actualización normativa. Pero no por eso es menor. Al contrario: normaliza la idea de que el Estado puede redefinir derechos según sus necesidades fiscales o políticas.
Hoy es la licencia de manejo.
Mañana puede ser cualquier otro derecho “ganado”.
El problema no es solo el dinero que habrá que volver a pagar. El problema es el precedente: si el Estado puede desconocer lo que él mismo prometió y cobró, la palabra pública pierde valor.
La contradicción del discurso
Si desde el poder federal se insiste en que los derechos no se negocian ni se regresan, esa lógica debería aplicar en todo el país. No puede haber ciudadanos de primera, con derechos ampliados, y ciudadanos de segunda, con derechos recortados.
No puede haber modernización que consista en quitar lo que ya existía.
No puede haber justicia con reglas que cambian después del pago.
No puede haber legalidad cuando el propio Estado incumple su palabra.
Conclusión
La verdadera transformación no se mide por discursos ni por slogans, sino por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Si se presume ampliar derechos, no se pueden quitar donde ya existían.
Si se habla de justicia, no puede haber desigualdad territorial.
Y si se invoca la legalidad, no puede traicionarse la confianza ciudadana.
Porque lo que estamos viendo en Baja California no es una conquista social.
Es una regresión maquillada de modernización.
Es un cobro irreversible con un derecho reversible.
Y eso, aunque lo repitan en conferencias, no es avanzar.
Si el Estado puede redefinir licencias permanentes Baja California después de cobrar, cualquier derecho queda a merced del presupuesto.
@feeling.com.mx Derchos adquiridos y derechos perdidos…
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