El anuncio del registro obligatorio de líneas telefónicas en México vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda, pero necesaria: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad sin cruzar la frontera de la vigilancia masiva? El tema no es nuevo, pero reaparece cada cierto tiempo con distintos nombres, distintas promesas y el mismo riesgo de fondo. Y esta vez, como bien advierte Fernanda Familiar, conviene mirar más allá del discurso oficial.

La lógica gubernamental suele ser sencilla: si cada línea telefónica está vinculada a una identidad verificada, será más fácil combatir delitos como la extorsión, el secuestro o el fraude. Suena razonable en el papel. El problema es que la experiencia mexicana ya demostró que no funciona así. El fallido RENAUT —Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil— no solo no redujo el delito, sino que terminó filtrando datos personales que luego circularon en el mercado negro.

Ese antecedente debería bastar para encender todas las alertas.

El registro obligatorio no parte de una desconfianza hacia el criminal, sino hacia el ciudadano común. Presupone que todos debemos ser identificados, rastreados y almacenados en una base de datos central “por si acaso”. Es un giro peligroso: la presunción de inocencia se diluye cuando la vigilancia se vuelve preventiva y generalizada.

Aquí aparece el primer lado oscuro: la seguridad de los datos. En un país donde las bases de datos gubernamentales han sido hackeadas, filtradas o vendidas con alarmante facilidad, la pregunta no es si habrá fugas de información, sino cuándo. CURP, domicilio, biométricos, geolocalización y número telefónico juntos forman un cóctel perfecto para el robo de identidad, el fraude financiero y la extorsión personalizada.

El segundo problema es estructural: confundir tecnología con política pública. Registrar líneas telefónicas no ataca las causas del delito ni desmantela redes criminales. Los grupos delictivos no dependen de líneas registradas a su nombre; usan teléfonos robados, chips extranjeros, mensajería cifrada o intermediarios. El impacto real del registro recae, otra vez, en el ciudadano que cumple la ley, no en quien la evade profesionalmente.

El tercer riesgo es quizá el más delicado: la tentación autoritaria. Una base de datos masiva de comunicaciones puede convertirse en una herramienta de control político, de presión o de espionaje, especialmente en contextos donde los contrapesos institucionales son débiles. No se trata de paranoia, sino de historia reciente. El uso indebido de información personal ha sido documentado en distintos niveles del poder.

Además, el registro obligatorio no distingue realidades sociales. En México, el teléfono celular no es un lujo: es herramienta de trabajo, medio de contacto familiar y, en muchos casos, única vía de acceso a servicios digitales. Condicionar su uso a trámites, validaciones o riesgos legales termina afectando más a quienes menos recursos tienen.

Hay otro ángulo que pocas veces se menciona: la normalización de la vigilancia. Cuando el Estado pide datos “por seguridad” y la sociedad los entrega sin debate, se va corriendo poco a poco el umbral de lo aceptable. Hoy es el número telefónico; mañana puede ser el contenido de las comunicaciones, los contactos, los hábitos. La pregunta clave no es qué se promete hoy, sino qué se habilita para mañana.

Nada de esto implica negar la existencia de delitos graves ni minimizar el dolor de las víctimas. Implica, más bien, exigir políticas eficaces y respetuosas de los derechos. La seguridad no puede construirse sacrificando libertades básicas ni acumulando datos que el propio Estado no ha demostrado saber proteger.

El mensaje de fondo es claro: más registros no significan más justicia. Sin investigación, inteligencia financiera, coordinación institucional y combate a la corrupción, cualquier padrón es solo una ilusión de control. Una ilusión peligrosa.

Por eso, cuando voces como la de Fernanda Familiar ponen el foco en el lado oscuro de estas medidas, no están defendiendo a criminales, están defendiendo algo más elemental: el derecho de la sociedad a no ser vigilada por defecto.

La discusión no debería cerrarse con un “es por tu seguridad”. Debería abrirse con una pregunta incómoda pero indispensable:
¿Quién vigila al vigilante cuando todos estamos registrados?

Porque una democracia que se acostumbra a vigilar a sus ciudadanos termina, tarde o temprano, desconfiando de ellos. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es la delincuencia. Es el poder sin límites.

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