La política local en Ensenada vive un nuevo episodio de tensión tras la salida de Ayerim Magallón Granados, exdirectora de Bienestar Social del municipio, quien asegura haber sido víctima de hostigamiento y persecución política luego de denunciar irregularidades en la asignación de obras públicas del Ramo 33.

Las denuncias de la ex funcionaria

En diversos medios, Magallón relató que la confrontación comenzó cuando se negó a respaldar un paquete de obras que consideró “ilegal y moralmente incorrecto”. Asegura que desde ese momento se desató en su contra una campaña de desprestigio con publicaciones en redes sociales, acusaciones infundadas y hasta la difusión de información privada, incluyendo la vivienda donde residen sus hijas【zonanorte.mx】.

“Estoy siendo víctima de una persecución orquestada desde la propia alcaldía”, afirmó, responsabilizando directamente a la presidenta municipal Claudia Agatón.

La versión oficial del Ayuntamiento

La alcaldía, por su parte, informó que la salida de Magallón respondió a la necesidad de dar un nuevo rumbo a la dependencia, alineando sus acciones con principios de transparencia, legalidad y compromiso social. En comunicado, la administración municipal destacó que se busca fortalecer la política social con perfiles “que compartan la visión de gobierno”.

No hubo referencia directa a las acusaciones de hostigamiento, aunque se subrayó que el combate a la corrupción y el correcto ejercicio de los recursos públicos son prioridades de la actual administración.

El trasfondo: el Ramo 33

El Ramo 33, que destina recursos federales a infraestructura básica y desarrollo social, ha sido históricamente objeto de polémicas en distintos municipios de Baja California. En este caso, la denuncia de Magallón coloca nuevamente bajo la lupa la manera en que se designan las obras y los contratos.

Entre la confrontación y la duda ciudadana

El conflicto refleja un problema recurrente en la política local: las diferencias internas terminan expuestas en la arena pública, generando desconfianza social. Mientras una parte de la narrativa apunta a un intento de silenciar denuncias de corrupción, la otra defiende la idea de ajustes administrativos normales en una gestión de gobierno.

Lo cierto es que, con 51 casos de acoso judicial contra periodistas reportados en México en los primeros meses de 2025, y con funcionarios que denuncian presiones desde dentro de sus propias filas, la línea entre la transparencia institucional y el uso faccioso del poder se vuelve cada vez más delgada.

Reflexión final