Hoy los titulares presumen con bombo y platillo una cifra histórica: 34 mil 265 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer semestre del año. Un récord que se presenta como medalla en el pecho del gobierno y como prueba de confianza internacional en México. Pero detrás de la cifra hay preguntas que merecen respuesta: ¿quién se beneficia de esa inversión?, ¿qué tan sostenible es?, ¿y cuánto de ese dinero realmente impacta en la vida cotidiana de los mexicanos?

La Comisión Federal de Electricidad también aparece en escena, anunciando que destinará 8 mil millones de dólares para modernizar la red eléctrica. Una inversión necesaria, sí, porque la realidad golpea: apagones en zonas industriales, deficiencias en transmisión y distribución, y un sistema que se rezaga ante la creciente demanda de energías limpias. Pero también es un recordatorio de lo que no se ha hecho durante décadas. México está parchando un modelo que hace tiempo pide una cirugía mayor.

Mientras el gobierno celebra los números, la ciudadanía enfrenta otro paisaje: tarifas eléctricas altas, cortes inesperados y un acceso desigual a la energía en comunidades rurales. La inversión extranjera, en buena medida, va hacia sectores estratégicos y financieros que poco tienen que ver con resolver esas carencias.

El contraste es evidente: por un lado, cifras récord para la narrativa oficial; por el otro, un país donde 62 millones de personas viven sin seguridad social, según datos recientes. Se invierte para atraer capital y para mejorar infraestructura, pero no se invierte con la misma contundencia en los derechos básicos.

El riesgo es claro: que la inversión récord se convierta en un espejismo macroeconómico, útil para generar confianza en los mercados, pero incapaz de iluminar la casa del ciudadano común. Modernizar la red eléctrica es urgente, pero modernizar la justicia social lo es aún más.

Conclusión: México necesita inversión, sí, pero también necesita que esa inversión se traduzca en un sistema eléctrico confiable, tarifas justas y, sobre todo, en un país donde las cifras récord dejen de ser propaganda y empiecen a ser bienestar real.

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