Estados Unidos ha vuelto a encender las alarmas con una doble jugada: por un lado, acelera su maquinaria de deportaciones exprés en apenas seis horas, y por el otro, sube la presión arancelaria con un 30% de castigo para productos mexicanos. El mensaje es claro: si México no frena el paso de fentanilo y migrantes, habrá consecuencias… aunque sean compartidas por ambos lados de la frontera.

Aquí, en territorio nacional, el fantasma del huachicol vuelve a tomar fuerza. En Tabasco –curiosamente, tierra del presidente anterior– el robo de combustible se ha disparado. Reforma va más allá: no solo se roba gasolina, también se lava dinero y se evaden impuestos con absoluta impunidad. El huachicol fiscal es el nuevo negocio de moda… con licencia política.

Mientras tanto, en Morena ya suenan las alarmas internas. El partido pone candados a las candidaturas, buscando frenar conflictos y dedazos, pero también levantando sospechas de control y simulación. Y en el Congreso, los senadores oficialistas siguen viajando sin transparencia ni explicaciones, en tiempos donde el dinero público debería cuidarse como agua en el desierto.

En temas urbanos, diputados morenistas anuncian diálogo contra la gentrificación, justo cuando miles de mexicanos ya no pueden pagar una vivienda digna en su propia ciudad. Y hablando de imposibles: las Afores, esas que prometían un retiro decoroso, hoy invierten el ahorro de los trabajadores en casas que ellos mismos jamás podrían comprar.

Pemex también está en la mira. Según Coparmex, la paraestatal está a punto de llevar a la quiebra a decenas de sus proveedores. Y lo más preocupante: mientras el gobierno presume soberanía energética, las consecuencias se están acumulando como deudas sin pagar.

El saldo es preocupante: hay política exterior sin estrategia, comercio internacional en riesgo, justicia opaca, vivienda fuera del alcance y una clase política que viaja sin rumbo claro. Todo mientras los ciudadanos seguimos esperando que alguien nos rinda cuentas.

Hoy, el país no solo enfrenta crisis, enfrenta contradicciones. Entre la gloria prometida y el desplome anunciado, la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién paga los costos del poder?

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