El titular que aparece en varios medios hoy, desde El Universal hasta El Heraldo de México, revela una verdad que México ha intentado ignorar por demasiado tiempo: el huachicol no es solo un problema de ductos perforados en las madrugadas. Es una red compleja, internacional, con complicidades políticas, lavado de dinero y una preocupante tolerancia institucional.

Según El Universal, ya se detectaron al menos cuatro empresas involucradas en el robo y tráfico de combustibles operando en ambos lados de la frontera. El Heraldo va más allá: un político panista está siendo investigado por un megadecomiso de hidrocarburos en Estados Unidos. Y Excélsior alerta que las autoridades mexicanas ya preparan embargos incluso sobre fondos de pensiones, para reparar daños causados por redes criminales.

Es decir, no solo hablamos de crimen organizado. Hablamos de crimen político-organizado. Porque sin la omisión —o colusión— de funcionarios, estos esquemas no sobrevivirían ni seis meses.

Lo más alarmante no es que el huachicol haya escalado a este nivel: es que se haya tolerado hasta que reventó en otro país, bajo leyes más estrictas y con agencias que sí actúan. Que sea el Departamento del Tesoro de Estados Unidos quien marque los tiempos y sancione a bancos mexicanos —como reporta El Economista y El Financiero— demuestra que México ha perdido soberanía no por intervención extranjera, sino por inacción propia.

Hoy, Washington otorga una “prórroga” de 45 días a bancos nacionales vinculados a transacciones sospechosas. Y mientras tanto, en casa, nuestras autoridades apenas articulan discursos defensivos, alegando «ataques externos» en lugar de hacer limpiezas internas.

¿Hasta cuándo vamos a tolerar que el crimen se institucionalice? ¿Cuántos decomisos más tienen que ocurrir fuera del país para que nuestras autoridades se decidan a actuar dentro del suyo?

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