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Un ultimátum con firma ciudadana: Piden a gobernadora separarse del cargo

Publicado: mayo 23, 2025
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El documento entregado el 20 de mayo de 2025 por el Licenciado Armando Salinas Bravo no es solo una petición legal. Es un grito institucional contra el abandono, una exigencia urgente para que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda solicite licencia definitiva al cargo ante una evidente crisis de seguridad, representación y confianza pública.

Pero hay un elemento que acentúa el fondo del reclamo y que no puede ser ignorado: la reciente revocación de la visa estadounidense tanto a la gobernadora como a su esposo, Carlos Torres Torres. Un hecho diplomático que, aunque no ha sido oficialmente explicado por el gobierno de Estados Unidos, envía un mensaje que no puede interpretarse a la ligera.

Que una figura del más alto nivel del gobierno estatal y su pareja pierdan acceso al país con el que Baja California comparte más de 270 kilómetros de frontera, no solo afecta su imagen internacional, también mina la operatividad institucional y la capacidad de interlocución con autoridades estadounidenses en temas de comercio, migración y seguridad.

¿De qué sirve seguir hablando de mesas binacionales de cooperación, si quien representa a Baja California ya no puede cruzar la frontera legalmente?

¿De qué sirve exigir respeto desde el púlpito del poder, si ni siquiera se puede ingresar al país con el que más se presume colaboración?

Sumado a esto, el documento de Salinas Bravo plantea tres exigencias fundamentales:

Ceder de forma total la seguridad pública a la federación.

Solicitar la licencia definitiva de la gobernadora ante la pérdida de confianza ciudadana.

Separar a Carlos Torres de cualquier función pública ante posibles conflictos de interés.

Este último punto, que parecía simbólico hace semanas, hoy cobra una gravedad institucional mayor, pues la pérdida de su visa refuerza la percepción pública de irregularidades, opacidad o presuntas investigaciones que aún se mantienen bajo reserva.

La ciudadanía ha hablado en protestas, y ahora lo hace por escrito. El oficio no pide diálogo. Emplaza. Y lo hace con base legal, con tono respetuoso, pero con una firmeza que pocas veces se ve en este país.

El gobierno estatal tiene dos opciones:
Puede seguir atribuyendo todo a “grilla”, a enemigos políticos o a complots conservadores.
O puede reconocer que la legitimidad ya no se sostiene con encuestas, sino con resultados visibles y liderazgo íntegro.

Hoy, Baja California no solo está gobernada por alguien sin visa, sino por alguien a quien ya muchos no reconocen como capaz de liderar en tiempos de crisis.

Y eso, no se arregla con propaganda. ¡Y faltan dos años!

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