Mientras el gobierno federal presume cifras históricas de nearshoring y presume la fortaleza del mercado interno, en las calles del Centro Histórico y en las bodegas clandestinas de la capital, otra realidad se impone: productos fabricados en China están siendo reetiquetados con la leyenda “Hecho en México”, generando pérdidas millonarias al comercio legal y burlando no solo las leyes fiscales, sino también la confianza del consumidor.

Si el Estado no actúa, si no se impone control aduanal, verificación en puntos de venta, y sanciones reales, estaremos dejando morir al comercio formal mientras seguimos llenando los bolsillos de quienes hacen trampa con bandera ajena.

— Feeling.Mx (@FeelingMx) May 23, 2025

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la Ciudad de México, Vicente Gutiérrez, ha lanzado una alerta clara: estamos ante una nueva modalidad de contrabando técnico, donde la trampa no llega por mar ni por aire, sino por impresora. Se trae mercancía barata desde Asia, se le cambian las etiquetas en bodegas locales, y se comercializa como si fuera producto nacional. Una jugada que mezcla competencia desleal, fraude al consumidor y omisión institucional.

Este fenómeno no solo representa un golpe bajo para miles de comercios formales que pagan impuestos, generan empleos y cumplen con normas de calidad. También es una puñalada al orgullo productivo mexicano, porque banaliza lo que significa el sello «Hecho en México». Ya no es sinónimo de tradición, de calidad o de esfuerzo nacional, sino un simple sticker que se imprime sin control, sin verificación y sin consecuencias.

La situación se agrava con un detalle más oscuro: el desplazamiento físico de comerciantes formales. Las mafias de importadores fantasmas están ofreciendo más dinero —y en efectivo— para quitarles locales a empresas con décadas de historia. Es el asalto silencioso al patrimonio comercial de la ciudad.

Y como si fuera poco, los productos reetiquetados —ropa, electrodomésticos, juguetes, calzado— en muchos casos no cumplen con las normas mínimas de calidad y seguridad. No sólo compiten injustamente: ponen en riesgo a quienes los compran.

¿Dónde está la Secretaría de Economía? ¿Dónde están las verificaciones de Profeco? ¿Qué hace el SAT frente a este tsunami de simulación comercial? ¿Y por qué, una vez más, el peso de la ley cae más fuerte sobre quien emite una factura mal que sobre quien importa contenedores de fraude?

Este no es un tema menor. Es una crisis silenciosa que mezcla ilegalidad, corrupción, omisión y violencia económica. Si el Estado no actúa, si no se impone control aduanal, verificación en puntos de venta, y sanciones reales, estaremos dejando morir al comercio formal mientras seguimos llenando los bolsillos de quienes hacen trampa con bandera ajena.

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