Según una investigación publicada por Tim Golden en ProPublica, la administración de Donald Trump ha comenzado a imponer restricciones de viaje y otras sanciones contra políticos mexicanos de alto perfil, a quienes las agencias estadounidenses vinculan con redes de corrupción relacionadas con el narcotráfico.

Hasta el momento, dos figuras políticas mexicanas han reconocido públicamente que sus visas fueron revocadas, y se espera que la lista crezca. La investigación revela que las autoridades de inteligencia y seguridad de Estados Unidos han identificado a docenas de políticos —muchos de ellos miembros de Morena, el partido de la presidenta Claudia Sheinbaum— que podrían estar implicados en este tipo de nexos.

Uno de los casos confirmados es el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien declaró en conferencia de prensa que su visa —y la de su esposo, ex diputado— fue cancelada por una situación relacionada con él. Ávila insistió en que la revocación no implica culpabilidad ni la comisión de ningún delito.

Ante ello, la presidenta Sheinbaum pidió explicaciones formales a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, la respuesta fue que se trata de asuntos privados y confidenciales, por lo que no se proporcionó más información.

El artículo también menciona que las medidas podrían extenderse a otros gobernadores y alcaldes fronterizos, como Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, y el alcalde de Matamoros, quienes habrían sido impedidos de cruzar la frontera. Ambos niegan haber recibido notificación oficial.

Además, funcionarios estadounidenses señalaron que en algunos casos estas acciones podrían ir acompañadas de sanciones económicas por parte del Departamento del Tesoro, como el congelamiento de cuentas o la prohibición de hacer negocios en Estados Unidos. Marina del Pilar afirmó que no tiene cuentas bancarias en ese país, y que hasta ahora no enfrenta sanciones adicionales.

Estas restricciones podrían significar una prueba diplomática importante para el gobierno de Sheinbaum, quien deberá equilibrar su discurso de soberanía con la presión del gobierno de Trump para actuar contra los grupos criminales más poderosos.

Fuente original en inglés:ProPublica – Tim Golden

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