En un giro legislativo que seguramente dejará a más de uno con un mal sabor de boca, el Congreso de Baja California, a propuesta de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ha decidido poner fin a las licencias de conducir permanentes, una medida implementada por Jaime Bonilla durante su administración. A partir de este mes de enero de 2025, quienes confiaron en la promesa de una licencia sin caducidad tendrán que pasar nuevamente por caja para actualizar sus datos y pagar un “refrendo” de 700 pesos, o enfrentarán la cancelación de su documento.

La doble cara de la permanencia
Cuando se implementaron las licencias permanentes, el discurso oficial apelaba a la simplificación administrativa y a la comodidad del ciudadano. Sin embargo, apenas cuatro años después, esa permanencia resulta ser más efímera que un compromiso político en tiempos electorales.

El nuevo marco legal también introduce el concepto de “refrendo”, añadiendo un trámite más a la lista de obligaciones vehiculares en el estado. Este ajuste, aunque justificado por la administración como una medida para mantener actualizado el padrón, parece tener un objetivo recaudatorio claro: los 185 mil 634 ciudadanos que confiaron en las licencias permanentes ahora deberán pagar por algo que ya consideraban resuelto.

Impacto y descontento social
El padrón vehicular de Baja California, con más de dos millones de personas con licencia activa, enfrenta ahora un cambio que afecta directamente a un poco menos del 10% de los automovilistas. Con más de 100 mil licencias permanentes emitidas solo en Tijuana, esta medida parece ser un golpe a la economía familiar, especialmente en un estado donde el costo de la vida sigue aumentando.

El rechazo del PAN a esta reforma, aunque políticamente predecible, plantea una crítica válida. Diego Echevarría, representante de ese partido, no solo se opuso al dictamen sino que propuso medidas más favorables para el ciudadano, como la reducción de costos para trámites de cambio de propietario y su exención en casos de transferencias familiares.

¿Una solución necesaria o un abuso disfrazado?
El gobierno argumenta que la actualización es necesaria para mantener un registro vehicular confiable. Sin embargo, el plazo de 90 días para cumplir con el trámite tras cinco años de vigencia parece diseñado más para generar ingresos que para facilitar la vida del automovilista.

Esta decisión deja claro que las promesas de permanencia tienen límites… especialmente cuando el presupuesto estatal enfrenta retos. La eliminación de las licencias permanentes es un recordatorio de que, en la política, nada es realmente eterno, salvo la necesidad del gobierno de buscar nuevas fuentes de recaudación.

Al final
La medida no solo afecta a los automovilistas, sino también a la confianza ciudadana en las políticas públicas. Los ciudadanos, una vez más, cargan con el costo de decisiones que se toman en nombre de la eficiencia, pero que en la práctica parecen ser motivadas por la necesidad de llenar las arcas estatales.

¿Será este el principio del fin de otras promesas? Solo el tiempo —y los próximos ciclos presupuestales— lo dirán.

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