La reciente aprobación de la Cámara de Diputados para reformar el artículo 19 de la Constitución mexicana ha reabierto un debate sobre seguridad, derechos humanos y justicia. La reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, es decir, la detención obligatoria sin derecho a fianza. Entre los delitos añadidos destacan la extorsión y el tráfico de fentanilo, ambos de alto impacto en la sociedad y la salud pública, en un contexto donde la violencia y las adicciones se han convertido en problemas crecientes y complejos.

Sin embargo, en esta ampliación también hay notorias omisiones. Se excluye, por ejemplo, el narcomenudeo, delitos que afectan tanto el tejido social como la seguridad.

No obstante, la medida ha sido recibida con escepticismo y críticas en varios sectores. Margarita Zavala y otros opositores consideran que esta reforma es un retroceso y un ataque a los derechos humanos, ya que perpetúa el uso de la prisión preventiva sin considerar la presunción de inocencia. Señalan que esta medida afecta, en muchos casos, a personas que no han sido juzgadas, y que su aplicación desmedida contribuye a la sobrepoblación y al hacinamiento en el sistema penitenciario mexicano. De hecho, los críticos subrayan que la prisión preventiva oficiosa ha sido señalada en múltiples ocasiones por organismos internacionales como una herramienta que, lejos de contribuir a la justicia, promueve abusos y afectaciones a los derechos de personas que, en ocasiones, son inocentes.

Los defensores de la reforma, por otro lado, argumentan que en el contexto de inseguridad y violencia que atraviesa México, es necesario contar con herramientas de contención ante delitos graves. Para ellos, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa no es un retroceso, sino una estrategia para asegurar que los responsables de delitos de alto impacto enfrenten las consecuencias de sus actos y no evadan la justicia debido a tecnicismos o interpretaciones laxas.

La discusión se reduce, en esencia, a dos posturas: una que busca proteger a la sociedad con medidas fuertes y aparentemente inmediatas, y otra que subraya la necesidad de respetar los derechos fundamentales, aún en situaciones de emergencia. Ambas posturas, sin embargo, parecen perder de vista una realidad preocupante: el sistema judicial mexicano sigue enfrentando grandes desafíos en términos de imparcialidad, eficiencia y capacidad. Sin un sistema que funcione adecuadamente, cualquier cambio constitucional será insuficiente o, en el peor de los casos, contraproducente.

Al final, la reforma al artículo 19 pone en el centro del debate una pregunta fundamental: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar para enfrentar el crimen sin menoscabar los derechos humanos? En una sociedad democrática, la respuesta no debe ser fácil ni unilateral. La seguridad es una prioridad, pero no puede alcanzarse a costa de sacrificar las garantías individuales. Encontrar el equilibrio es una tarea difícil, pero imprescindible, si México desea construir un sistema de justicia verdaderamente justo y efectivo.

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