La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer, una reforma impulsada durante el gobierno de Jaime Bonilla que eliminaba la Judicatura de Baja California y permitía al gobernador proponer directamente a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Con ocho votos a favor, los ministros aprobaron el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, citando violaciones al proceso legislativo y a la constitución local. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres votaron en contra. La reforma, propuesta en octubre de 2020, había sido suspendida y nunca entró en vigor debido a una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial de Baja California.

La reciente decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la reforma judicial impulsada durante el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California es un triunfo significativo para el equilibrio de poderes y el respeto al orden constitucional en México. Con ocho votos a favor, los ministros declararon inconstitucional una serie de modificaciones que habrían otorgado al gobernador facultades excesivas en la designación de magistrados y eliminado la Judicatura local, reemplazándola con una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina.

La Suprema Corte de Justicia anuló hoy la reforma de 2020 al Poder Judicial de Baja California impulsada por el entonces Gobernador Jaime Bonilla. #RegístrateGratis https://t.co/6PYQIHhll2

— REFORMA Nacional (@reformanacional) May 28, 2024

Este fallo es un claro recordatorio de la importancia de los procesos legislativos adecuados y del papel fundamental que juega el Poder Judicial en salvaguardar la democracia y el estado de derecho. La reforma, que fue publicada en octubre de 2020 por el Congreso de Baja California a instancias del entonces gobernador morenista Jaime Bonilla, pretendía concentrar el poder judicial en manos del Ejecutivo local, una medida que erosionaba la independencia judicial y contravenía los principios básicos de la división de poderes.

El ministro Alberto Pérez Dayán, quien estuvo a cargo del proyecto, subrayó que la reforma violaba tanto el proceso legislativo como la constitución de Baja California. Su postura fue respaldada por la mayoría de los ministros, aunque no sin oposición. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres votaron en contra, argumentando que la SCJN no debería invalidar leyes por vicios en el procedimiento. Sin embargo, la reincorporación del ministro Jorge Pardo Rebolledo fue crucial para alcanzar los ocho votos necesarios que aseguran la inconstitucionalidad de la reforma.

La @SCJN anuló la reforma de 2020 al Poder Judicial de Baja California, impulsada por el entonces Gobernador Bonilla, que le daba al Ejecutivo estatal la facultad de proponer a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre otros cambios.https://t.co/mB4imLKpRb

— Observatorio Legislativo ITESO (@ObsLegislativo) May 28, 2024

Es alarmante que, en un contexto democrático, se intenten implementar cambios que debiliten las estructuras de control y equilibrio entre los poderes del Estado. La propuesta de Bonilla no solo buscaba eliminar la Judicatura de Baja California, sino también centralizar la designación de magistrados, despojando al Poder Judicial de su facultad de proponer ternas al Congreso y otorgándole esta prerrogativa al Ejecutivo. Esta maniobra no solo contradecía principios básicos de autonomía judicial, sino que también ponía en riesgo la imparcialidad y la justicia en el estado.

La decisión de la SCJN de detener esta reforma es un acto de defensa del estado de derecho y de protección de las instituciones democráticas. Es una reafirmación de que ningún poder, por más influyente que sea, debe tener la capacidad de concentrar control total sobre las otras ramas del gobierno. En tiempos donde las tentaciones autoritarias pueden surgir, es esencial que las instituciones se mantengan firmes y vigilantes.

Es trascendental que los ciudadanos y los actores políticos comprendan la importancia de esta resolución. La independencia judicial es un pilar fundamental para garantizar la justicia y la equidad en cualquier sociedad. Cualquier intento de debilitar este principio debe ser rigurosamente examinado y, de ser necesario, invalidado, como ha sucedido en este caso.

La SCJN ha demostrado, una vez más, su compromiso con la defensa de la constitución y el equilibrio de poderes. Este fallo debe servir como un precedente contundente para futuros intentos de reformas que busquen desvirtuar la autonomía de los poderes del Estado. La protección de nuestra democracia y de nuestras instituciones depende de la vigilancia constante y del compromiso inquebrantable con los principios constitucionales.

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