El 19 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín «El Chapo» Guzmán, durante un operativo fallido en Culiacán, Sinaloa. En ese entonces, AMLO justificó su decisión argumentando que se buscaba evitar una masacre y proteger a la población civil.

Sin embargo, este 21 de febrero de 2024, en un video que circula en redes sociales, se escucha al presidente referirse a casos penales, en los que se ordena la liberación de un delincuente en cuestión de horas, con la frase: «Y ordenan que se libere a un delincuente, en horas». La frase, aunque no menciona nombres específicos, ha generado un debate sobre la postura del poder judicial frente al crimen organizado y la justicia selectiva del presidente.

Las contradicciones:

Las declaraciones de AMLO en 2020 y 2024 generan una serie de interrogantes. ¿El presidente quiere dinamitar al poder judicial? ¿Qué criterios se utilizan para determinar cuándo se libera a un criminal y cuándo no, lo debe hacer el poder ejecutivo o es trabajo del poder juducial?

Impunidad:

La liberación de Ovidio Guzmán en 2020 y las recientes declaraciones de AMLO sobre la liberación de un delincuente en cuestión de horas, abonan a la percepción del poder del crimen organizado y la impunidad que existe en México. El mensaje que se envía a la sociedad es que el crimen organizado tiene un poder considerable y que las autoridades no siempre están dispuestas a aplicar la ley con firmeza.

Un mensaje peligroso:

Las palabras del presidente pueden ser interpretadas como una señal de tolerancia hacia el crimen organizado, cuando le toca decidir a él. Si se da la impresión de que su gobierno está dispuesto a negociar con los criminales o a ceder ante sus presiones, se corre el riesgo de fortalecer su poder e influencia.

Es necesario un cambio de enfoque:

Es urgente que el gobierno de México adopte una postura más firme en la lucha contra el crimen organizado. La impunidad no puede seguir siendo la norma. Se debe fortalecer el Estado de derecho y garantizar que la justicia se aplique de manera imparcial y efectiva.

La sociedad mexicana exige respuestas:

Los ciudadanos mexicanos tienen derecho a vivir en un país seguro y con justicia. El gobierno del presidente López debe dar explicaciones claras sobre las razones detrás de las decisiones que toma en materia de seguridad pública. No se puede seguir jugando con la vida de las personas ni con la confianza en las instituciones.

Es hora de actuar:

Es hora de que el gobierno de México demuestre un verdadero compromiso con la seguridad y la justicia. No se puede seguir con las mismas estrategias que han fracasado. Se necesita un cambio, un nuevo enfoque que ponga en el centro a las víctimas y que busque desarticular las estructuras de poder del crimen organizado y la omisión del poder ejecutivo.

El futuro de México está en juego.

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