El reciente nombramiento de la magistrada Mónica Soto como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha suscitado una serie de cuestionamientos y preocupaciones sobre el proceso y la transparencia en la toma de decisiones en una institución crucial para la democracia mexicana.

El hecho de que este nombramiento haya ocurrido a puerta cerrada y con solo dos votos de respaldo es, sin duda y por lo menos, inusual. La ausencia de un consenso amplio y la realización de la votación sin la presencia de todos los magistrados, optando por una sesión privada en lugar de una discusión pública, plantea serias dudas sobre la legitimidad y la transparencia del proceso.

Última hora‼️ se designó en sesión privada como presidenta del tribunal electoral del PJF @TEPJF_informa a Mónica Soto Fregoso a partir del primero de enero de 2024 por mayoría de votos.

— Lourdes mendoza (@lumendoz) December 15, 2023

La decisión de acelerar el nombramiento, contraviniendo la posibilidad de esperar al acuerdo consensuado para enero, genera interrogantes sobre las motivaciones detrás de esta urgencia. El deseo de la magistrada Soto de acelerar su designación esta misma semana, a pesar de las objeciones y la falta de respaldo unánime, plantea interrogantes sobre la prudencia y la cohesión dentro del tribunal.

Es vital recalcar la importancia de la legitimidad y transparencia en la toma de decisiones dentro de instituciones clave como el Tribunal Electoral. Estos organismos no solo deben ser imparciales en sus fallos, sino que también deben demostrar un compromiso sólido con la integridad y la apertura en sus procesos internos.

La conectividad virtual de algunos magistrados durante la sesión -Janine Otálora y Reyes Rodríguez- y la emisión de votos en contra refuerzan la sensación de disconformidad y preocupación sobre la manera en que se ha llevado a cabo este nombramiento.

Este tipo de decisiones, tomadas en condiciones poco convencionales y sin un respaldo mayoritario, podrían erosionar la confianza en las instituciones judiciales y, por extensión, en el sistema democrático en su conjunto.

En un momento en el que la transparencia y la legitimidad son fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones, es esencial que se aborden estas preocupaciones de manera abierta y se garantice la credibilidad y la integridad en los procesos de toma de decisiones dentro del Tribunal Electoral.

Esperamos que se aclaren las circunstancias que rodean este nombramiento y que se restablezca la confianza en la transparencia y la legitimidad de las acciones tomadas en estas instituciones fundamentales para la democracia de México.

Este acontecimiento sirve como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la coherencia en las decisiones judiciales, pilares esenciales para el correcto funcionamiento de un sistema democrático justo y equitativo.

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