Diversas autoridades firmaron 80 contratos por 293.4 millones de pesos (14.4 millones de dólares) desde 2018 para adquirir dispositivos de extracción de datos de dispositivos móviles, vigilar geolocalizaciones e intervenir comunicaciones privadas. La mayoría intentaron ocultarlo.

“No vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho, (…) ¿qué sentido tiene?; ¿qué caso tiene, si ya sabemos que están en contra de nosotros?”, sostuvo el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ante las acusaciones de vigilar a sus rivales políticos. Pero lo que evitó comentar el mandatario es que, entre 2018 y 2021, tanto su Administración federal como la de otros 16 gobiernos estatales invirtieron millones de dólares en decenas de softwares o tecnología que pueden utilizarse para intervenir comunicaciones privadas de ciudadanos.

Las compras de estos artefactos se plantearon como una solución para combatir la delincuencia y rescatar a víctimas cuya vida está en riesgo, pero los resultados de las vigilancias son un misterio por la falta de información oficial. La mayoría de los Estados intentaron negar dichas contrataciones, para luego reconocerlas y justificar que jamás se ejecutaron. Tres gobiernos que adquirieron estos productos, incluso, carecen de facultades legales para utilizarlos. Mientras tanto, el marco regulatorio mantiene inconsistencias que facilita el uso —a veces ilegal— de los dispositivos.

A pesar de la escasa información pública, e-consulta y CONNECTAS, con apoyo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), elaboraron una base de datos sobre contrataciones de equipos de vigilancia, que identificó al menos 80 contratos de distintas administraciones, que destinaron 293.4 millones de pesos (14.4 millones de dólares) para la adquisición de distintos aparatos y softwares especializado en espionaje entre 2018 y 2021.

Las operaciones, que fueron concretadas por la mitad de los estados del país y también por el Ejército pueden ser muchas más, ya que se desconoce la cantidad real de compras públicas por la opacidad del sistema.

Estas adquisiciones facilitan a las autoridades del país ejecutar tres tipos de vigilancias:

Geolocalizaciones para conocer el historial de ubicaciones en las que se encuentran en tiempo real las personas mediante sus dispositivos o celulares.
La intervención de comunicaciones privadas.
La extracción de los archivos que contienen los dispositivos, así como pueden superar las contraseñas de bloqueo para acceder a los contenidos.

Los gobiernos adquirieron, principalmente, el sistema Geomatrix con la empresa Neolinx de México SA de CV, especializado en intervenir geolocalizaciones, con una inversión nacional superior a los 147 millones de pesos (7.3 millones de dólares). También compraron diversas licencias de UFED, un programa que sirve para extraer datos de dispositivos móviles y localizar información de ciudadanos en Internet, con un pago total de 34.2 millones de pesos (1.7 millones de dólares).

Durante el último trienio, los mayores interesados en adquirir estas tecnologías fueron cuatro fiscalías estatales: Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, que acumularon en conjunto 25 contrataciones para adquirir plataformas para el rastreo de ubicaciones y licencias de extracción de datos de dispositivos por 227.7 millones de pesos (11.4 millones de dólares), según pudo reconstruir esta investigación. Estas administraciones sumaron más del 77% de los gastos del país en esta materia. La Federación, por su parte, reportó con el Ejército una inversión de 18.4 millones de pesos (930,558 dólares) en artefactos.

La información recolectada para esta base de datos se desprende de 614 solicitudes de acceso a la información pública, la revisión de los 32 portales de transparencia estatales y los resultados de contrataciones federales en el sistema Compranet. El proceso incluyó la negativa de 14 gobiernos estatales y la Fiscalía General de la República (excepto Puebla, Yucatán, la Secretaría de la Defensa Nacional), que nunca respondieron a solicitudes de entrevistas o peticiones de aclaraciones.

México tiene antecedentes que refuerzan las sospechas sobre el abuso de estos dispositivos de vigilancia. La organización Forbidden Stories publicó que con el software Pegasus de la empresa israelí NSO Group se espió a opositores del gobierno de Enrique Peña Nieto, como activistas, periodistas y también al propio López Obrador y su familia.

Pese a los abusos pasados, las autoridades mexicanas firmaron compras en el primer trienio obradorista, herramientas que permiten continuar con la vigilancia de la ciudadanía. A pesar de que el Presidente fue víctima de vigilancia ilegal y se manifiesta en contra de las intervenciones, durante su Administración no se reportaron cambios legales relevantes para reducir abusos en la materia.

Hubo antecedentes recientes de vigilancias ilegales. Una víctima fue el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. En marzo de 2022 se filtró una llamada telefónica privada en la que confirmó conocer antes de discutirse el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para liberar a su cuñada, Alejandra Cuevas Morán, en ese momento acusada del supuesto homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del funcionario. Durante marzo pasado, los medios nacionales publicaron que la autoridad investiga el origen de los audios filtrados, que no contaban con autorización judicial.

Otra posible víctima de intervenciones a comunicaciones privadas ilegales fue el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas. Su sucesora en el gobierno estatal, Layda Sansores San Román, compartió en sus redes sociales múltiples audios en los que, supuestamente, el político comparte opiniones como “a los periodistas no hay que matarlos a balazos (…); hay que matarlos de hambre” o habla de presuntas triangulaciones millonarias que involucran a la madre del priista.

Los expertos consultados para esta investigación coinciden en que uno de los inconvenientes es la dificultad de detectar cuándo se ejecutaron estos artefactos, ya que no dejan rastros. Tampoco es fácil que una persona identifique con qué software lo vigilaron o saber por cuánto tiempo fue intervenido, lo que impide reconocer señales de alerta y denunciar posibles abusos, explica el encargado de Seguridad Digital de la organización SocialTIC, Paul Aguilar, especializado en la protección digital en el país.

Aguilar advierte que las tecnologías existentes permiten borrar fácilmente el registro de actividades realizadas. Por ejemplo, dice, Geomatrix necesita un lugar para usarse y pueden eliminar las localizaciones buscadas. Para UFED puede destruirse su equipamiento, así como en los softwares forenses pueden desaparecer los datos de actividades. “Es muy fácil borrar lo que pasó. La única manera de saberlo es teniendo acceso a todos los equipos en los que se utilizó”, dice el especialista.

El misterio de la vigilancia

Otro problema para auditar el uso de los equipos y software para vigilancia es que no se puede conocer cuántas veces las autoridades los han puesto en funcionamiento.

Pese a los pedidos realizados para este reportaje, se desconoce el número total de peticiones realizadas por las fiscalías estatales y la Fiscalía General al Poder Judicial de la Federación. El Consejo de la Judicatura Federal negó poseer los datos a detalle de los solicitantes de vigilancias. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ratificó su postura, pues “se encuentra impedido para entregar la información con los parámetros establecidos”.

Todas las peticiones de intervención a comunicaciones privadas que posee el Poder Judicial de la Federación se limitan a un número global de 63,527 tramitadas a escala nacional entre 2018 y 2021, publicado en su sección de estadística judicial. Aunque, hay otros dos registros que, en ningún caso, coinciden: las fiscalías del país reportan 39,268 peticiones formales de vigilancia en los informes trimestrales que están obligados a presentar sobre las solicitudes que hacen al Poder Judicial; mientras que un tercer registro obtenido vía transparencia indicó que se pidieron 20,396 autorizaciones.

También existen discordancias sobre la cantidad de peticiones para vigilar a ciudadanos en el país. Uno de los casos con mayores diferencias es el de la Fiscalía de la Ciudad de México: por un lado, reporta en su portal de transparencia que no hubo registros de solicitudes, pero en una petición de información indicó que se registraron más de 2,000 peticiones. Al solicitarle una postura para este reportaje la autoridad no emitió comentarios.

Otros impedimentos para acceder a la información sobre vigilancia. La Fiscalía de Puebla indicó que si se quería conocer la cantidad de ocasiones que pidió vigilar geolocalizaciones había que pagar 428,625 pesos (20,877 dólares) para recibir las 17,145 copias certificadas de distintas carpetas de investigación. La oficina de Comunicación Social de la autoridad no respondió a ninguna de las preguntas para este reportaje y se limitó a decir “Te sugiero meter una solicitud de información vía transparencia”.

Tras solicitar miles de intervenciones a comunicaciones privadas en México, Tamaulipas fue el único estado que reconoció el aseguramiento de 11 personas. El resto de las entidades y la Federación dijo no saberlo o negó poder probarlo por tener que revisar miles de carpetas de investigación. Las vigilancias tampoco cumplieron con su propósito de rescatar a víctimas con intervenciones: sólo los estados de Chiapas y Morelos encontraron a 398 personas cuya vida estaba en riesgo. Las demás entidades negaron tener esa información.

Los gobiernos tampoco dicen saber la cantidad de ocasiones que ejecutaron los aparatos comprados. El Ejército fue el único que justificó la utilización de las tecnologías, al responder que por su inversión de 10.1 millones de pesos (526,886 dólares) con Nuga Sys SA de CV lo utilizaron 62 veces para la supuesta recuperación de datos de dispositivos que forman parte de sus investigaciones. El resto de las autoridades no posee un control o aseguró no contar con registros.

Estas adquisiciones de aparatos y softwares de vigilancia continúan en la agenda pública después del caso Pegasus. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió en el comunicado relacionado con su Recomendación General número 47/2022 que “la redacción actual de estas normas (leyes) facilita a las autoridades el uso de tecnologías de espionaje tan avanzadas como Pegasus, al ser susceptible de una interpretación subjetiva para justificar, con el discurso de seguridad nacional o investigación de delitos graves”.

Ante los problemas en la legislación, el organismo de derechos humanos exhortó a los legisladores federales a que trabajen para reducir el margen que permite este abuso de las tecnologías, refuercen las reglas de comercialización de aparatos y obliguen a las autoridades a rendir cuentas mediante un informe al Poder Judicial de la Federación.

Fuente: El Economista

Jalisco, la entidad que más gasta en dispositivos para espionaje en México https://t.co/vzOdBgq0L4

Por eso el #pelonsinseguidores se la pasa berrincheando al escuchar las mentadas a su madre

— Pelón sin seguidores ️‍ (@alfonsods69) August 29, 2022

Pasa el tiempo y en la mayoría de los países donde se abusó del malware #Pegasus, como México, no hay avances concretos para su regulación. https://t.co/ue40uhkUJI

— R3D (@R3Dmx) August 21, 2022

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