De acuerdo con Greenpeace México, la ampliación de la demanda sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental es inconstitucional.

La organización Greenpeace México informó este jueves que un juez admitió la ampliación de demanda de amparo promovida en contra de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, obra emblemática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Luis Miguel Cano, asesor jurídico, y Viridiana Lázaro, campañista de esta organización ambientalista, detallaron que la ampliación de la demanda sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental del Tren Maya es inconstitucional, pues menoscaba los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales.

Derechos que según se informó, son reconocidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú) y que México está obligado a cumplir.

Los representantes de esta organización detallaron que la ampliación del expediente 1216/2022 fue admitida y que en ella se pide al juez, entre otras cosas, considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya en su modalidad regional es inconstitucional.

Además se solicita que se ordene al Congreso de la Unión adoptar medidas legislativas para adecuar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) a los estándares establecidos en los artículos 6 y 7 del Acuerdo de Escazú, con respecto a los mecanismos de participación informada que se requieren dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

También se pide que el presidente de la República ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA) y que se ordenen medidas de restauración de los ecosistemas comprometidos por la autorización de la construcción del proyecto Tren Maya Tramo 5.

Cabe resaltar que el Acuerdo de Escazú entró en vigor en el país en 2021 y mandata a México a cumplir con el derecho a la información, a la participación y al acceso a la justicia en asuntos medioambientales en América Latina y el Caribe.

“Nuestro interés es proteger el medio ambiente y la salud de las personas, nuestra demanda de amparo busca que las leyes en la materia avancen de manera progresiva. El Acuerdo de Escazú fue un enorme avance para los países firmantes tras la lucha medioambiental de décadas. Y debe implementarse correctamente”, declaró Viridiana Lázaro.

En tanto que el asesor legal de Greenpeace apuntó que este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro.

Conferencia de prensa: ampliación de demanda sobre tramo 5 del Tren Maya https://t.co/A8u1UxL65Z

— Greenpeace México (@greenpeacemx) August 4, 2022

Este miércoles, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) informó que tres de seis amparos que contaban con suspensiones definitivas en el Tramo 5 fueron revocados, por lo que se podrá continuar o iniciar con las obras en esa zona del país, que comprende los polos turísticos de Cancún a Tulum.

Fuente: Politica.Expansion.com

Admite juez amparo de #Greenpeace para tramo 5 del #Tren Mayahttps://t.co/i8G8hTQq3w pic.twitter.com/t9budVmuR0

— Cursor en la Noticia (@cursorenla) August 4, 2022

Revocan tres suspensiones definitivas contra Tramo 5 del Tren Mayahttps://t.co/MkSqcmfcV5 pic.twitter.com/2omAE0Sx6V

— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) August 3, 2022

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