El relator especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y jueces, Diego García Sayán, advirtió que uno de los principales riesgos para la independencia del Poder Judicial y su consiguiente efecto en las democracias en la región es la corrupción. Durante su participación en el seminario Independencia Judicial en México y Centroamérica, comentó que este fenómeno se ha constituido en un “poder fáctico” que favorece la impunidad en este tipo de casos.

Mario López Garelli, asesor del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que en algunos países de la región se resienten presiones del crimen organizado y de organizaciones políticas que tienden a debilitar la independencia del Poder Judicial. Aseveró que hay otros factores, como la falta de recursos económicos, que impiden que éste realice sus funciones y facilite el acceso a la justicia.

García Sayán destacó la importancia de contar con un poder judicial en el funcionamiento de las democracias latinoamericanas, de ahí la necesidad de consolidar su independencia frente al poder político y los poderes fácticos. Se estima que el peso de la corrupción en el mundo equivale a 2 por ciento del producto interno bruto, de ahí que se requiera blindar los poderes judiciales de la injerencia que podría tener en las resoluciones y que éstas permitan, a su vez, sancionar casos de corrupción.

“Si quieren que el sistema judicial funcione para enfrentar la corrupción, tiene que ser independiente para que prevalezca el interés social”. Reconoció que hay entornos políticos muy polarizados en esta región que complican los procesos de designación de jueces y magistrados, lo que “decididamente afecta las instituciones” y puede repercutir en la independencia del Poder Judicial. Llamó a mejorar estos esquemas de designación porque de lo contrario repercute en detrimento del acceso a la justicia de grupos más pobres o comunidades indígenas.

Durante el seminario organizado por el de la UNAM, García refirió los efectos que ha tenido la pandemia en la región, que entre otros aspectos ha dificultado el acceso a la justicia, el incremento de la pobreza y el desempleo.

Fuente: La Jornada

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