{"id":94182,"date":"2021-02-20T09:36:15","date_gmt":"2021-02-20T17:36:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/?p=94182"},"modified":"2021-02-20T09:36:16","modified_gmt":"2021-02-20T17:36:16","slug":"biden-busca-suprimir-los-acuerdos-de-inmigracion-de-trump-con-los-estados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.feeling.com.mx\/site\/94182\/biden-busca-suprimir-los-acuerdos-de-inmigracion-de-trump-con-los-estados.html","title":{"rendered":"Biden busca suprimir los acuerdos de inmigraci\u00f3n de Trump con los estados"},"content":{"rendered":"
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La promesa del presidente Joe Biden de suspender las deportaciones y relajar otras normas de inmigraci\u00f3n se ha topado con un obst\u00e1culo en forma de acuerdos federales-estatales (junto a un \u00fanico acuerdo con el alguacil de un condado de Carolina del Norte) forjados en los \u00faltimos d\u00edas de la administraci\u00f3n de Trump.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El gobierno de Biden est\u00e1 tratando de desechar los acuerdos, que seg\u00fan los expertos podr\u00edan no ser legalmente vinculantes. Pero los acuerdos han dado a algunos estados una plataforma para protestar por los cambios en la postura intransigente sobre la inmigraci\u00f3n de Trump.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Los acuerdos de la era de Trump promet\u00edan aviso de seis meses de antelaci\u00f3n a los cambios en la pol\u00edtica federal de inmigraci\u00f3n, lo que significaba que los estados habr\u00edan tenido medio a\u00f1o de aviso sobre el enfriamiento de las deportaciones de 100 d\u00edas de Biden y la oportunidad de hacer algo. Ahora, al menos dos de esos estados, Arizona y Texas, han demandado, alegando que quieren que el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) contin\u00fae expulsando a los residentes sospechosos de vivir ilegalmente en Estados Unidos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Alabama, Indiana, Louisiana, Montana, Carolina del Sur y Virginia Occidental tienen acuerdos, al igual que un alguacil republicano del Condado Rockingham, en Carolina del Norte, seg\u00fan el ex funcionario de la administraci\u00f3n Trump, Robert Law. Este dirigi\u00f3 la Office of Policy and Strategy at U.S. Citizenship, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Law est\u00e1 ahora en el Centro de Estudios sobre Inmigraci\u00f3n, un instituto con sede en Washington, D.C. que quiere restricciones m\u00e1s estrictas sobre la inmigraci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Law se opone a las recientes cartas de la administraci\u00f3n Biden que anuncian la cancelaci\u00f3n de los pactos, argumentando que la administraci\u00f3n de Trump ten\u00eda el poder de acordarlos hasta el d\u00eda de la toma de posesi\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u201cEn su af\u00e1n por proteger a todos los extranjeros ilegales de la aplicaci\u00f3n de la ley de inmigraci\u00f3n, el DHS de Biden ha roto estos acuerdos\u201d<\/strong>, dijo Law.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Los acuerdos contienen una extensa lista de compromisos, entre los que se incluye que Estados Unidos no reducir\u00e1 su n\u00famero de agentes del ICE, no pausar\u00e1 ni reducir\u00e1 las deportaciones, no relajar\u00e1 las normas para la liberaci\u00f3n de los detenidos y no reducir\u00e1 las normas para la aprehensi\u00f3n, al menos no sin consultar con el fiscal general de cada estado.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Es probable que los tribunales no tomen en serio los acuerdos, se\u00f1ala Sarah Pierce, analista de pol\u00edticas del no partidista Migration Policy Institute en Washington, D.C.<\/strong><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u201cEs bastante descaradamente inconstitucional, la idea de que el gobierno federal tenga que dirigir sus pol\u00edticas de inmigraci\u00f3n por estados u oficinas tan locales como un alguacil de condado\u201d, dijo Pierce. Sin embargo, agreg\u00f3, los acuerdos \u201clograron hacer una fuerte declaraci\u00f3n de que esos estados est\u00e1n preocupados por los grandes cambios en la pol\u00edtica de inmigraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Los pactos fueron firmados por Kenneth Cuccinelli, entonces subsecretario del DHS. Cuccinelli, que ahora es miembro del grupo de an\u00e1lisis conservador Heritage Foundation, dijo que los acuerdos se ofrecieron a todos los estados antes de que \u00e9l los firmara en enero.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u201cEstos acuerdos siguen en vigor\u201d, argument\u00f3 Cuccinelli, compar\u00e1ndolos con el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) de la era Obama, que proteg\u00eda de la deportaci\u00f3n a cientos de miles de j\u00f3venes que entraron ilegalmente en Estados Unidos cuando eran ni\u00f1os. Ese programa sigui\u00f3 en vigor incluso despu\u00e9s de que Obama asumiera el cargo. \u201cSi alguien no quiere trabajar con los estados no depende de m\u00ed\u201d, indic\u00f3 Cuccinelli. \u201cEs una cuesti\u00f3n de cooperaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, invoc\u00f3 el acuerdo de ese estado en una carta del 21 de enero dirigida al entonces secretario de Seguridad Nacional en funciones David Pekoske, en la que escrib\u00eda que \u201clos estados fronterizos como Texas pagan un precio especialmente alto\u201d cuando se frena la deportaci\u00f3n debido a su elevada poblaci\u00f3n de inmigrantes. Si no se cuestiona, escribi\u00f3 Paxton, la pausa podr\u00eda \u201cpermitir al gobierno de Biden conceder una amnist\u00eda general a la gran mayor\u00eda de los extranjeros ilegales en este pa\u00eds\u201d.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Arizona demand\u00f3 judicialmente este mes contra la pausa en las deportaciones. Sigui\u00f3 a Texas, que gan\u00f3 una orden judicial temporal en un tribunal federal contra la pausa. Cuando Texas present\u00f3 su demanda, el gobierno de Biden envi\u00f3 al estado una carta diciendo que su acuerdo del 8 de enero con los funcionarios de Trump era \u201cnulo, no vinculante e inaplicable\u201d. La administraci\u00f3n de Biden envi\u00f3 cartas similares a Arizona y Carolina del Sur.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Los expertos legales ven poco m\u00e9rito en los acuerdos que intentan obligar al gobierno federal a consultar con los estados individualmente, incluso bajo una nueva administraci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u201cDar\u00eda al traste con la relaci\u00f3n del gobierno federal y los estados, y permitir\u00eda todo tipo de trabas a las transiciones pol\u00edticas\u201d, predijo Rick Su, profesor de la Facultad de Derecho de la University of North Carolina especializado en pol\u00edtica de inmigraci\u00f3n.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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En el caso de Texas, el juez de distrito Drew Tipton prorrog\u00f3 la semana pasada la orden judicial, permitiendo que las deportaciones contin\u00faen hasta el 23 de febrero. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre la legalidad de los acuerdos, basando la orden judicial en otra ley federal que exige la notificaci\u00f3n y el comentario p\u00fablico para las nuevas pol\u00edticas.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Arizona considera que su acuerdo es v\u00e1lido, dijo Katie Conner, portavoz del fiscal general de Arizona, el republicano Mark Brnovich.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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En la demanda de Arizona (que a\u00fan no ha sido atendida) Brnovich argumenta que ser\u00eda ilegal liberar a los inmigrantes cuya deportaci\u00f3n ya ha sido ordenada por los tribunales de inmigraci\u00f3n. La demanda argumenta que no llevar a cabo las deportaciones pondr\u00eda a prueba a la polic\u00eda, los hospitales y los servicios sociales de Arizona durante la pandemia.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Carolina del Sur recibi\u00f3 una carta del gobierno de Biden el 3 de febrero en la que se informaba a los funcionarios del estado de que el acuerdo se hab\u00eda cancelado, dijo Robert Kittle, un portavoz del fiscal general del estado, Alan Wilson, un republicano. El estado no ha decidido si va a demandar.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u201cEvaluaremos todas nuestras opciones legales, pero estamos en una situaci\u00f3n muy diferente a la de Texas y Arizona, ya que esos son estados fronterizos\u201d, dijo Kittle. Indiana no ha recibido ninguna carta de la nueva administraci\u00f3n para rescindir los acuerdos. Los fiscales generales de Alabama, Luisiana, Montana y Virginia Occidental no respondieron a las solicitudes de comentarios.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El alguacil Sam Page, del Condado de Rockingham, Carolina del Norte, dijo que el DHS le envi\u00f3 el acuerdo para que lo revisara y que lo firm\u00f3 porque quiere \u201cuna oportunidad de di\u00e1logo con esta administraci\u00f3n\u201d en materia de inmigraci\u00f3n. Page declin\u00f3 decir si est\u00e1 considerando acciones legales.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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Law, el ex funcionario de inmigraci\u00f3n de Trump, dijo que no est\u00e1 seguro de c\u00f3mo se arreglaron los acuerdos, pero que \u201cno se rechaz\u00f3 a nadie que quisiera esto\u201d. Defini\u00f3 la pausa de la deportaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de Biden como una \u201csuspensi\u00f3n radical de nuestras leyes de inmigraci\u00f3n\u201d. DHS no respondi\u00f3 a una solicitud de comentarios.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El National Immigration Project, una organizaci\u00f3n sin fines de lucro que proporciona ayuda legal a los inmigrantes, ha ayudado a docenas de abogados de inmigraci\u00f3n a luchar contra las deportaciones desde la orden judicial en el caso de Texas, dijo Sirine Shebaya, su directora. Todos los casos han tenido \u00e9xito, dijo, porque las expulsiones pendientes no se ajustaban a las nuevas prioridades de deportaci\u00f3n de la administraci\u00f3n de Biden.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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\u201cLos abogados se ponen en contacto con nosotros y nos dicen: \u2018Oye, van a mandar a mi cliente a un avi\u00f3n\u2019\u201d, dijo Shebaya. \u201cEstamos deteniendo las deportaciones caso por caso, pero \u00bfqu\u00e9 pasa con las personas que est\u00e1n en el avi\u00f3n y no tienen un abogado o no conocen el proceso? El riesgo es muy alto para ellos\u201d.<\/p>\n

Fuente:\u00a0<\/strong>@chicagotribune.com<\/a><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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