Los sectores productivos y el factor improductivo | #DesdeFeelingMx | Por Max Adame<\/p>\n
En M\u00e9xico, el gobierno quiere saber cu\u00e1nto ganas, cu\u00e1nto gastas, cu\u00e1nto facturas y hasta por qu\u00e9 te depositaron. La curiosidad fiscal es admirable. Ojal\u00e1 encontr\u00e1ramos el mismo entusiasmo cuando preguntamos qu\u00e9 hicieron con nuestro dinero.<\/p>\n
Para cobrar, precisi\u00f3n de relojero. Para explicar el gasto, neblina de carretera.<\/p>\n
El trabajador cumple su jornada; el comerciante abre la cortina; el agricultor arriesga la cosecha; el empresario paga salarios. Todos enfrentan costos, obligaciones y consecuencias cuando sus cuentas fallan.<\/p>\n
Por eso resulta ofensivo que el poder convierta la rendici\u00f3n de cuentas en un espect\u00e1culo de explicaciones interminables y responsabilidades que nunca terminan de encontrar due\u00f1o.<\/p>\n
El factor improductivo es esa estructura pol\u00edtica y administrativa que consume recursos sin entregar resultados suficientes, dificulta la vigilancia y pretende cobrar tambi\u00e9n nuestro agradecimiento.<\/p>\n
Y hay hechos para sostener la cr\u00edtica.<\/p>\n
En septiembre de 2024, el propio gobierno de L\u00f3pez Obrador inform\u00f3 que, de los 9 mil 500 millones de pesos observados en Segalmex por las cuentas p\u00fablicas de 2019 y 2020, hab\u00eda aclarado 4 mil 700 millones; otros 2 mil 100 millones segu\u00edan en an\u00e1lisis y 2 mil 700 millones no hab\u00edan sido aclarados. La Procuradur\u00eda Fiscal report\u00f3 156 denuncias que comprend\u00edan ese \u00faltimo monto, identificado oficialmente como da\u00f1o patrimonial. Ese era el balance presentado entonces, no una cifra inventada por la oposici\u00f3n.<\/p>\n
La dependencia creada para contribuir a la seguridad alimentaria termin\u00f3 protagonizando un esc\u00e1ndalo por el dinero destinado a esa tarea.<\/p>\n
El hambre ten\u00eda presupuesto. La honradez necesitaba supervisi\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n hay opacidad documentada. El Instituto Mexicano para la Competitividad encontr\u00f3 que, en 2022, m\u00e1s de 13 mil adjudicaciones directas federales carec\u00edan del documento del contrato a disposici\u00f3n del p\u00fablico. Adem\u00e1s, poco m\u00e1s de dos mil licitaciones ten\u00edan documentaci\u00f3n incompleta.<\/p>\n
Al contribuyente le piden conservar comprobantes. A las instituciones debemos exigirles publicar contratos completos, proveedores, precios, entregables y modificaciones. Sin esos documentos, vigilar el presupuesto se vuelve una carrera con los ojos vendados.<\/p>\n
Una adjudicaci\u00f3n directa puede tener justificaci\u00f3n legal. Su utilizaci\u00f3n tampoco demuestra, por s\u00ed sola, corrupci\u00f3n. Pero reducir la competencia y dificultar el acceso a los expedientes abre espacios que requieren mayor vigilancia, precisamente porque se est\u00e1 gastando dinero ajeno.<\/p>\n
La resistencia a transparentar lleg\u00f3 hasta la Suprema Corte. En 2023, el tribunal invalid\u00f3 el acuerdo presidencial de noviembre de 2021 que declaraba de inter\u00e9s p\u00fablico y seguridad nacional diversos proyectos y obras gubernamentales, a partir de una controversia promovida por el entonces INAI.<\/p>\n
La seguridad nacional merece protecci\u00f3n. Usarla como paraguas administrativo exige escrutinio: los ciudadanos tenemos derecho a conocer c\u00f3mo se comprometen nuestros recursos.<\/p>\n
Despu\u00e9s vino otro cambio de fondo. En marzo de 2025, con la extinci\u00f3n del INAI, las funciones de acceso a la informaci\u00f3n correspondientes al \u00e1mbito federal pasaron al nuevo esquema de Transparencia para el Pueblo, \u00f3rgano desconcentrado de la Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n y Buen Gobierno.<\/p>\n
Mi objeci\u00f3n es institucional: cuando la vigilancia de las respuestas del Ejecutivo queda dentro de su propia estructura, la independencia merece una discusi\u00f3n seria. Cambiar el nombre de una oficina no demuestra que el ciudadano tenga mejores herramientas para fiscalizarla.<\/p>\n
La confianza presidencial nunca puede sustituir la comprobaci\u00f3n documental.<\/p>\n
L\u00f3pez Obrador debe ser evaluado por lo que ocurri\u00f3 durante su administraci\u00f3n. Claudia Sheinbaum debe responder por sus decisiones y por la actuaci\u00f3n de su gobierno. La continuidad pol\u00edtica tambi\u00e9n obliga a explicar qu\u00e9 controles se corrigieron y qu\u00e9 pr\u00e1cticas permanecen.<\/p>\n
Anunciar investigaciones es apenas el comienzo. Necesitamos conocer su avance, los recursos recuperados y las responsabilidades determinadas. Una observaci\u00f3n de auditor\u00eda requiere aclaraci\u00f3n; una acusaci\u00f3n necesita pruebas; una responsabilidad penal exige resoluci\u00f3n judicial. Esa precisi\u00f3n fortalece la denuncia.<\/p>\n
Tampoco acepto que se culpe del desperdicio a una maestra, una enfermera, un pensionado o un joven que necesita capacitaci\u00f3n. El escrutinio debe alcanzar a quienes dise\u00f1an, contratan, autorizan, supervisan y ejercen el presupuesto.<\/p>\n
M\u00e9xico necesita servicios p\u00fablicos capaces y apoyos bien administrados. Para financiarlos, necesita combatir el desv\u00edo, el gasto in\u00fatil y la opacidad con algo m\u00e1s contundente que una consigna.<\/p>\n
Los sectores productivos sostienen al Estado. Quienes lo administran tienen la obligaci\u00f3n de demostrar que merecen cada peso que cuesta su trabajo.<\/p>\n
Porque el presupuesto sale de nuestro esfuerzo.<\/p>\n
Y el gobierno ya debe dejar de tratarnos como contribuyentes al cobrar y como intrusos al preguntar.<\/p>\n