Transporte Violeta, las cuentas no se aclaran con pintura en Baja California. Una mujer que aborda un transporte p\u00fablico merece llegar segura a casa. Tambi\u00e9n merece saber qui\u00e9n opera la unidad, qui\u00e9n supervisa el servicio y a qui\u00e9n le paga el gobierno. La seguridad comienza mucho antes de subir al cami\u00f3n: empieza cuando una autoridad decide en qu\u00e9 manos coloca un programa y sus recursos.<\/p>\n
Por eso, los se\u00f1alamientos sobre Transporte Violeta en Baja California exigen una explicaci\u00f3n documentada del gobierno de Marina del Pilar. Las buenas intenciones de un programa social no sustituyen la revisi\u00f3n de sus proveedores.<\/p>\n
La periodista Dianeth P\u00e9rez Arreola public\u00f3 en Semanario El Pionero que el Instituto de Movilidad Sustentable contrat\u00f3 a Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio para arrendar y operar cinco camiones en Rosarito. Seg\u00fan su investigaci\u00f3n, el contrato CT-026-2023 tuvo vigencia del 15 de junio al 31 de diciembre de 2023, mediante adjudicaci\u00f3n directa, con un monto m\u00e1ximo de 6 millones 885 mil 201.96 pesos. <\/p>\n
La publicaci\u00f3n identifica una respuesta de transparencia como origen de la documentaci\u00f3n.<\/p>\n
La misma investigaci\u00f3n identifica a esa empresa como incluida en el listado de sanciones estadounidense y vinculada con Candelario Arcega Aguirre. Por separado, el Departamento del Tesoro confirm\u00f3 el 18 de septiembre de 2025 las sanciones contra Arcega y la exalcaldesa de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, a quienes atribuy\u00f3 colaboraci\u00f3n con una red de Los Mayos, facci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa. Son se\u00f1alamientos de esa autoridad, no una sentencia penal mexicana.<\/p>\n
La cronolog\u00eda importa. El contrato antecede a las sanciones. Por tanto, ser\u00eda incorrecto afirmar, con estos elementos, que en 2023 el gobierno contrat\u00f3 a una empresa que ya estaba sancionada. Tampoco el monto autorizado demuestra que todo ese dinero se entreg\u00f3 o termin\u00f3 financiando actividades criminales.<\/p>\n
Pero esa precisi\u00f3n abre preguntas que el gobierno tiene que responder.<\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 antecedentes revis\u00f3 antes de contratar? \u00bfC\u00f3mo justific\u00f3 la adjudicaci\u00f3n directa? \u00bfCu\u00e1nto pag\u00f3 efectivamente? \u00bfQui\u00e9n verific\u00f3 recorridos, unidades, placas y seguros? \u00bfHubo renovaciones? \u00bfQu\u00e9 revisi\u00f3n emprendi\u00f3 despu\u00e9s de conocerse las sanciones?<\/p>\n
Las respuestas deben venir acompa\u00f1adas de contratos, facturas, bit\u00e1coras, dict\u00e1menes y comprobantes. La confianza p\u00fablica necesita documentos; las sonrisas institucionales ya tienen suficiente presupuesto.<\/p>\n
Tambi\u00e9n circulan denuncias sobre permisos irregulares, veh\u00edculos sin autorizaci\u00f3n y presuntas maniobras para formalizar operaciones. Cada se\u00f1alamiento requiere pruebas propias. La existencia de miles de permisos no demuestra que todos sean ilegales; una relaci\u00f3n comercial tampoco acredita autom\u00e1ticamente complicidad criminal.<\/p>\n
Precisamente por la gravedad del asunto, hace falta investigar con rigor. Mezclar hechos comprobables con acusaciones sin respaldo facilita que la autoridad descalifique el conjunto y evite explicar lo que s\u00ed est\u00e1 documentado.<\/p>\n
La responsabilidad pol\u00edtica del gobierno consiste en rendir cuentas sobre sus decisiones. Las autoridades investigadoras deben determinar si hubo irregularidades administrativas o delitos, y qui\u00e9nes ser\u00edan responsables. Ninguna de esas tareas se resuelve acusando a los cr\u00edticos de tener intereses pol\u00edticos.<\/p>\n
Y hasta ahora, solamente hay referencia al 5to municipio, falta revisar c\u00f3mo est\u00e1 el tema en los otros 6 municipios de Baja California.<\/p>\n
Transporte Violeta tiene una finalidad social que merece protecci\u00f3n. Sus usuarias necesitan continuidad, seguridad y operadores confiables. Cualquier revisi\u00f3n debe preservar el servicio mientras esclarece el manejo de los recursos.<\/p>\n
Porque un programa para cuidar a las mujeres exige cuidar tambi\u00e9n cada contrato y cada peso.<\/p>\n
Pintar los camiones de violeta puede identificar una ruta. Para transparentar el dinero hacen falta cuentas claras.<\/p>\n
\nNO SE PIERDAN LA INVESTIGACI\u00d3N COMPLETA. <\/p>\n
\u00a1ESC\u00c1NDALO EN BAJA CALIFORNIA! INVESTIGACI\u00d3N SE\u00d1ALA QUE DINERO P\u00daBLICO, PERMISOS DE TRANSPORTE Y EMPRESAS VINCULADAS AL NARCO TERMINARON EN UNA MISMA RED BAJO EL GOBIERNO DE MARINA DEL PILAR.<\/p>\n
El crimen organizado se ha infiltrado en el transporte p\u00fablico. Morelos ya enfrenta las consecuencias y Baja California est\u00e1 ante un riesgo que no puede ignorarse.<\/p>\n
Una investigaci\u00f3n se\u00f1ala una red de permisos irregulares, empresas relacionadas con personas sancionadas por Estados Unidos, presuntas operaciones de lavado de dinero, seguros falsos y recursos p\u00fablicos que habr\u00edan terminado beneficiando a estructuras vinculadas con organizaciones criminales.<\/p>\n
Lo m\u00e1s grave es que las autoridades encargadas de vigilar el transporte estar\u00edan permitiendo que esas operaciones contin\u00faen.<\/p>\n
LOS 5,000 PERMISOS HEREDADOS DE JAIME BONILLA<\/p>\n
Durante el gobierno de Jaime Bonilla se otorgaron aproximadamente 5,000 permisos de taxi se\u00f1alados por irregularidades.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n sostiene que el gobierno de Baja California habr\u00eda permitido transformar esos permisos en una gigantesca operaci\u00f3n de transporte p\u00fablico, bajo la figura de una asociaci\u00f3n civil, presuntamente sin pagar impuestos, placas, derechos ni cumplir con las concesiones correspondientes.<\/p>\n
Se denuncia la incorporaci\u00f3n de cientos de veh\u00edculos Mercedes-Benz y JAC sin permisos ni concesiones.<\/p>\n
El Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), organismo estatal responsable de regular el transporte, estar\u00eda preparando un mecanismo para dar formalidad a esas operaciones, aun cuando, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, se estar\u00edan violando disposiciones legales.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n autoriz\u00f3 que una red de transporte irregular alcanzara semejante tama\u00f1o?<\/p>\n
CANDELARIO ARCEGA, ARACELI BROWN Y LAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS<\/p>\n
El 18 de septiembre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro estadounidense, sancion\u00f3 a Candelario Arcega Aguirre, conocido como \u00abEl Cande\u00bb, y a su empresa Transporte Urbano y Suburbano del V Municipio.<\/p>\n
Tambi\u00e9n sancion\u00f3 a Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Playas de Rosarito y diputada federal de Morena.<\/p>\n
Las autoridades estadounidenses los relacionaron con una estructura vinculada a Los Mayos, facci\u00f3n del C\u00e1rtel de Sinaloa, que ejerc\u00eda influencia sobre el gobierno municipal de Rosarito.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n recibida tambi\u00e9n recoge se\u00f1alamientos atribuidos a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica que identificar\u00edan a Arcega como presunto operador del CJNG en Baja California.<\/p>\n
Esta \u00faltima relaci\u00f3n es distinta de la documentada p\u00fablicamente por OFAC y requiere examinarse por separado.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se se\u00f1ala a Arcega como presunto financiador de campa\u00f1as y administraciones municipales en Rosarito, incluida la de Araceli Brown.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n menciona una estructura denominada \u00abBoardwalk Empire\u00bb, a la que atribuye operaciones relacionadas con el flujo de fentanilo y el tr\u00e1fico de migrantes procedentes de China y Medio Oriente hacia Estados Unidos.<\/p>\n
CASI 7 MILLONES DE PESOS PARA TRANSPORTE SEGURO DE MUJERES<\/p>\n
Aqu\u00ed aparece uno de los se\u00f1alamientos m\u00e1s delicados.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n sostiene que el gobierno de Marina del Pilar \u00c1vila Olmeda habr\u00eda otorgado casi 7 millones de pesos a una empresa identificada como Transportes V Municipio, vinculada con Candelario Arcega, para servicios de transporte seguro para mujeres.<\/p>\n
El se\u00f1alamiento no se limita a una contrataci\u00f3n cuestionada: la investigaci\u00f3n denuncia que esos recursos p\u00fablicos habr\u00edan terminado beneficiando a c\u00e9lulas relacionadas con el crimen organizado.<\/p>\n
Un programa destinado a proteger a las mujeres no puede convertirse en un mecanismo para financiar empresas vinculadas con estructuras criminales.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n autoriz\u00f3 esos recursos? \u00bfQu\u00e9 funcionarios revisaron a los beneficiarios? \u00bfQui\u00e9n verific\u00f3 los contratos, las unidades utilizadas y el destino del dinero?<\/p>\n
— Jos\u00e9 D\u00edaz (@JJDiazMachuca) October 17, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n