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La condena se bas\u00f3 en cargos de traici\u00f3n a la patria, incitaci\u00f3n al odio y conspiraci\u00f3n, tras una denuncia promovida por un integrante de los CLAP, una estructura de control social del r\u00e9gimen chavista<\/strong><\/p>\n La condena se bas\u00f3 en cargos de traici\u00f3n a la patria, incitaci\u00f3n al odio y conspiraci\u00f3n, tras una denuncia promovida por un integrante de los CLAP, una estructura de control social del r\u00e9gimen chavista<\/p>\n La organizaci\u00f3n Comit\u00e9 por la Libertad de los Luchadores Sociales confirm\u00f3 la sentencia contra Orozco y se\u00f1al\u00f3 que con esta acci\u00f3n \u201cse evidencia la sa\u00f1a del r\u00e9gimen\u201d.<\/p>\n La sentencia fue dictada el pasado 14 de noviembre por un tribunal penal tras una denuncia promovida por una integrante de los Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP), una estructura bajo control del chavismo, y se justific\u00f3 bajo cargos de traici\u00f3n a la patria, incitaci\u00f3n al odio y conspiraci\u00f3n.<\/p>\n La detenci\u00f3n de Marggie Orozco ocurri\u00f3 la noche del 5 de agosto de 2024 en San Juan de Col\u00f3n, una localidad andina pr\u00f3xima a la frontera con Colombia. La acusaci\u00f3n surgi\u00f3 despu\u00e9s de que la m\u00e9dica compartiera en un grupo de WhatsApp un mensaje donde instaba a sus vecinos a participar en las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.<\/p>\n Seg\u00fan testimonios de su familia y organizaciones de derechos humanos, la denuncia ante las autoridades fue presentada por una representante local del CLAP, figura que cumple funciones de control social y distribuci\u00f3n de alimentos bajo supervisi\u00f3n del r\u00e9gimen.<\/p>\n Tras su detenci\u00f3n, Orozco fue recluida en una comisar\u00eda de la Polic\u00eda Nacional Bolivariana (PNB). El 15 de septiembre, un mes despu\u00e9s del arresto, sufri\u00f3 un infarto dentro del centro de detenci\u00f3n y requiri\u00f3 atenci\u00f3n m\u00e9dica urgente en el hospital central de San Crist\u00f3bal.<\/p>\n Pese a su fr\u00e1gil estado de salud, funcionarios serviles a Maduro la trasladaron poco despu\u00e9s al anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente, sin consideraciones para su tratamiento, seg\u00fan denunci\u00f3 su esposo, Luis Molina.<\/p>\n \u201cTiene problemas de coraz\u00f3n y depresi\u00f3n desde 2013. La reclusi\u00f3n la ha deteriorado a\u00fan m\u00e1s\u201d, manifest\u00f3 Molina a medios locales.<\/p>\n Organizaciones como el Comit\u00e9 por la Libertad de los Presos Pol\u00edticos de Venezuela (Clippve) han advertido que el proceso estuvo plagado de irregularidades, que incluyeron la negaci\u00f3n del derecho a la defensa y la falta de garant\u00edas m\u00ednimas en el juicio.<\/p>\n El ex gobernador del estado T\u00e1chira, C\u00e9sar P\u00e9rez Vivas, tambi\u00e9n confirm\u00f3 la sentencia contra Orozco y la calific\u00f3 como \u201cun acto perverso contra una persona con graves problemas de salud\u201d.<\/p>\n Amnist\u00eda Internacional y otras entidades independientes han registrado un patr\u00f3n de castigo legal orientado a disuadir la disidencia, incluso cuando se trata de simples opiniones transmitidas por plataformas privadas.<\/p>\n El caso de Marggie Orozco no es aislado en el contexto venezolano. Tras los comicios del 28 de julio, G\u00e9nesis Gabriela Pab\u00f3n Paredes y Roc\u00edo Del Mar Rodr\u00edguez Guill\u00e9n, dos j\u00f3venes emprendedoras, fueron condenadas a una d\u00e9cada de prisi\u00f3n tras ser contactadas por un falso cliente que solicit\u00f3 camisetas con im\u00e1genes cr\u00edticas hacia el r\u00e9gimen chavista.<\/p>\n La solicitud, realizada por un agente encubierto, les vali\u00f3 un cargo de incitaci\u00f3n al odio en un tribunal en el estado M\u00e9rida. Periodistas y activistas destacan que este tipo de \u201cfalsos positivos\u201d buscan exhibir resultados en la persecuci\u00f3n de delitos pol\u00edticos y obtener ascensos dentro de la estructura policial.<\/p>\n El control de la informaci\u00f3n digital va m\u00e1s all\u00e1 de sentencias judiciales. Venezuela registra un ecosistema sofisticado de monitoreo ciudadano. Aplicaciones promovidas oficialmente, como VenApp, recolectan datos personales y de geolocalizaci\u00f3n con el argumento de gestionar servicios p\u00fablicos, pero han sido utilizadas para centralizar reportes sobre movilizaciones sociales o protestas.<\/p>\n Informes de organizaciones como IPYS Venezuela y Freedom House han documentado pr\u00e1cticas sistem\u00e1ticas de vigilancia, interceptaci\u00f3n de comunicaciones y monitoreo de redes sociales, pr\u00e1cticas que dejan al descubierto un entorno de riesgo para la privacidad y la libertad digital.<\/p>\n La represi\u00f3n digital se alimenta tambi\u00e9n de mecanismos de delaci\u00f3n entre ciudadanos, promovidos en comunidades a trav\u00e9s de programas sociales y estructuras de control estatal. Desde figuras de base como l\u00edderes de los CLAP hasta aplicaciones m\u00f3viles, la estructura del r\u00e9gimen incentiva la vigilancia comunitaria y la denuncia. En este marco, la frontera entre el espacio p\u00fablico y privado se disuelve, y cualquier mensaje o imagen cr\u00edtica puede convertirse en evidencia contra sus emisores.<\/p>\n El caso Orozco y antecedentes recientes confirman que la libertad de expresi\u00f3n en Venezuela enfrenta obst\u00e1culos cada vez mayores mediante una combinaci\u00f3n de vigilancia tecnol\u00f3gica y judicializaci\u00f3n de la opini\u00f3n. Todo esto ocurre en un contexto de severa crisis de derechos humanos y escasa pluralidad de voces, situando al pa\u00eds en el centro del debate sobre la erosi\u00f3n de las libertades fundamentales en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n Fuente: Infobae<\/a><\/p>\n